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ENTREVISTA

Contralmirante César Olivares Acosta, Director general adjunto de Protección y Certificación Marítima

“Con orden y control, la seguridad privada podría contribuir a la protección de las infraestructuras estratégicas marítimas”

14/04/2018 - Por Javier Borredá y Bernardo Valadés.
Con más de 35 años de servicio en la Secretaría de Marina de México, el contralmirante César Olivares Acosta está al frente de la Dirección General de Protección y Certificación Marítima, entre cuyos fines se encuentra salvaguardar las áreas e instalaciones estratégicas del país. Unos objetivos que detalló en la entrevista concedida a ‘Segurilatam’, en la que también se refirió a la necesidad de impulsar un modelo de colaboración público-privada en materia de seguridad en el ámbito marítimo.

-¿Cuándo se puso en marcha la Dirección de Protección y Certificación Marítima? ¿Cuáles son sus principales objetivos?

Dependiente de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, la Dirección se creó en 2016, año en el que el Congreso le otorgó a la Secretaría de Marina la capacidad de ejercer como autoridad marítima. Y comenzamos a operar en junio de 2017 después de un proceso en el que se realizaron todos los trámites para dotar a la Dirección de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios.

Básicamente, nos centramos en la certificación de barcos y artefactos navales, en comprobar que se cumplen determinados convenios, en llevar a cabo ejercicios para estar bien preparados en el supuesto de tener que actuar y en la protección de instalaciones. En el caso específico de las consideradas infraestructuras estratégicas, contamos con puestos de control para revisar las áreas perimetrales junto al responsable de la instalación. Estamos ahí para brindarle apoyo, comunicarle aspectos que pudieran ser anómalos e intentar resolverlos.

-Exactamente, ¿de cuántas áreas e infraestructuras estratégicas se ocupan?

En México hay miles de instalaciones estratégicas pertenecientes a los sectores financiero, petrolero, del agua… La Secretaría de Marina se encarga de 53. Como ya sabrán, estas infraestructuras tienen tres clasificaciones: A, AA y AAA. La primera se refiere al impacto que un incidente en una instalación provocaría en una localidad o municipio. La segunda eleva el nivel a la categoría de región o estado. Y la tercera, lógicamente, se refiere a cómo afectaría al país. La Secretaría de Marina se ocupa de infraestructuras con clasificación AA y AAA. Un ejemplo de instalación estratégica lo representan la central nuclear de Laguna Verde, la planta de nitrógeno de Cantarell o las presas de Peñitas, Malpaso y Angostura, en el estado de Chiapas. Sin duda, es obvio que se debe tener una presencia y un control en áreas así.

-En el caso de la Armada de México, ¿cómo contribuye a la protección de las áreas e instalaciones estratégicas marítimas?

Los mandos navales disponen de personal en las infraestructuras que evalúa constantemente su estado y solicita apoyo de elementos o equipamiento si fuese necesario. Por ejemplo, si se diera el caso, que acudieran expertos en detección y desactivación de artefactos explosivos. Los recursos del país están para eso, para proteger las instalaciones que prestan servicios esenciales. Asimismo, se realizan labores de apoyo de vigilancia, control y seguridad en la Sonda de Campeche, zona marítima en la que se encuentra la mayor cantidad de plataformas petrolíferas. Todas las competencias de la Secretaría de Marina, incluidas las relativas a la protección de las infraestructuras estratégicas, están especificadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

-En la actualidad, ¿cuáles son las principales amenazas que acechan a las áreas e instalaciones estratégicas en las que está presente la Dirección de Protección y Certificación Marítima?

En los ejercicios que llevamos a cabo nos centramos en tres escenarios de posibles amenazas o situaciones que habría que afrontar. En primer lugar, una hipotética intrusión sin autorización. En ese caso, vemos los procedimientos y protocolos que se deben materializar, hacemos hincapié en respetar los derechos humanos cuando se detiene a alguien, en aplicar la ley… El segundo escenario es el relativo a un bloqueo de una instalación. Y por último, contemplamos la posible introducción de un artefacto explosivo. En ocasiones ligamos un escenario con otro para que nuestro personal esté bien preparado.

Se han dado casos de bloqueo de instalaciones debido a alguna protesta social, pero ese tipo de situaciones no puede atenderlo el personal de la Secretaría de Marina. Otra cosa es que haya personas que accedan a una infraestructura estratégica sin autorización. En ese supuesto, actuamos en coordinación con el personal de seguridad física del operador de la instalación –Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), etc.–.

-Tradicionalmente, la protección de las áreas e instalaciones estratégicas se ha basado en la seguridad física, pero, hoy en día, su normal desarrollo también puede ser alterado debido a un ciberataque. En este sentido, ¿qué políticas de ciberseguridad se llevan a cabo en las áreas e instalaciones estratégicas marítimas? ¿Quiénes se encargan de implementarlas?

En 2017, la Secretaría de Marina creó la Unidad de Ciberseguridad (Uniciber), cuyo objetivo es planear, conducir y ejecutar actividades de seguridad de la información, ciberseguridad y ciberdefensa para la protección de las infraestructuras estratégicas y coadyuvar en el esfuerzo nacional para mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado. Igualmente, la Secretaría cuenta con especialistas en inteligencia.

De momento, nuestra Dirección no dispone de expertos en ciberseguridad, pero no descarto que los tengamos en el futuro porque el mundo y la seguridad avanzan muy rápidamente. Tanto es así que en la Organización Marítima Internacional (OMI) se está insistiendo mucho sobre la ciberseguridad porque hay instalaciones portuarias muy automatizadas y conectadas.

-Y en el día a día, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que deben hacer frente en instalaciones tan complejas como las portuarias?

Básicamente, el principal reto es dar cumplimiento a todas las normas existentes. Entre ellas se encuentra el Código internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, popularmente conocido como Código PBIP, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y el Control del Estado Rector de Puerto (CERP) –inspección de buques extranjeros por oficiales o inspectores del área portuaria–. En nuestro día a día, las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP) se encargan de revisar todo lo referente a la seguridad en los puertos y colaboran con las distintas autoridades que se encuentran en ellos.

Es muy importante cooperar con otras instituciones como la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para salvaguardar los intereses generales del país. En el caso de la Secretaría de Marina, vela por el buen orden en el ámbito marítimo en un país con más de 11.000 kilómetros de línea de costa, algo que no es sencillo. De ahí que sea tan importante la colaboración.

-Ya que se ha referido a la colaboración, ¿cuál es la relación entre la seguridad pública y la privada para proteger las áreas e instalaciones estratégicas marítimas?

Este tema que plantean es muy interesante. Es necesario romper ciertas barreras y propiciar que el sector de la seguridad privada tenga una mayor presencia en las áreas e instalaciones estratégicas marinas. Sería necesario contar con millones de integrantes en la Secretaría de Marina para atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y eso, obviamente, no es posible. Por lo tanto, sería conveniente desarrollar protocolos para las empresas de seguridad privada y que estas, a su vez, se coordinasen con la seguridad pública para que el nivel de protección sea más elevado.

Al respecto, en EEUU o Chile hemos visto cómo ponen en práctica un modelo que es muy interesante, ya que la seguridad pública no tiene los recursos humanos y materiales necesarios para dar respuesta a todas las contingencias que se puedan presentar. En los puertos estadounidenses, la Guardia Costera se ocupa de vigilar las áreas sensibles y la seguridad privada realiza otras funciones. Ese modelo también debería darse en México.

-Bajo su punto de vista, ¿cómo se encuentra el sector de la seguridad privada en México?

He tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con muchos profesionales del sector y mi opinión es que la seguridad privada tendría que estar bien regulada. Es necesario que las empresas cuenten con certificaciones. Pero, ¿qué control se hace de ellas? Este es otro tema que considero muy importante. Para prestar servicio en un ámbito como el portuario hay que estar preparado. Por lo tanto, habría que procurar que existiesen mecanismos de control bien cimentados y un orden y un control para evitar contratar a cualquiera, puesto que lo que se persigue son empresas de seguridad privada lo más profesionales posible. Insisto: es necesario e interesante brindarle más oportunidades al sector privado de la seguridad, pero a través del orden, el control, las certificaciones y el apego al estado de derecho.

-La reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto contempla la entrada de inversión privada en sectores estratégicos. ¿Qué supone eso en materia de protección?

La reforma energética representa una oportunidad de negocio para la iniciativa privada, pero eso no significa que la Secretaría de Marina no deje de velar por la protección de las plataformas petrolíferas, de las personas en el ámbito marítimo, del medio ambiente… En cuanto a los operadores privados, han de estar concienciados en todo lo relativo a la seguridad y respetar el estado de derecho y las leyes. Y no escatimar en recursos ni equipos. Ahí es donde entra en juego el regulador para observar que todas las prácticas que se llevan a cabo no perjudican a la protección de una instalación estratégica.

-¿Debería invertirse más en capacitación especializada en infraestructuras estratégicas?

Efectivamente, tendrían que llevarse a cabo más cursos de capacitación, pero también de valores. Tenemos que combatir un flagelo llamado corrupción, y eso se consigue con valores. Si tu gente está bien capacitada podrás hacer un buen trabajo. Por eso señalaba anteriormente que las empresas de seguridad privada han de contar con certificaciones y planes de capacitación de sus integrantes, deben saber cómo responder y utilizar adecuadamente sus recursos tecnológicos. Y, además, es esencial que quienes demandan protección estén concienciados de lo importante que es invertir en seguridad. A mí me gusta decir que invertir en seguridad es invertir en desarrollo.

-Por último, ¿desea realizar algún aporte más relacionado con la protección de las áreas e infraestructuras estratégicas?

Sin duda, se trata de un tema muy amplio del que se podría estar hablando horas y horas. Es sorprendente ver cómo en la Unión Europea se han tomado tan en serio la protección de las que allí denominan infraestructuras críticas. En este sentido, sus países están dando ejemplo. En América Latina nos falta dar un paso al frente para ver cómo abordamos una cuestión tan compleja desde una perspectiva regional. Y para finalizar, hago un llamamiento a la colaboración público-privada. Como comentaba anteriormente, bienvenida sea la seguridad privada, pero con orden y control, capacitación, certificaciones y un buen uso de las tecnologías adecuadas. Y todo ello, acompañado de valores.

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