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ENTREVISTA

Fernando Martínez Bravo, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

“Durante un año, la Superintendencia ha trabajado en la reforma del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”

14/07/2018 - Por Luisa Millan y Fernando Pérez (corresponsales de ‘Segurilatam’ en Colombia).
Desde mayo de 2017, Fernando Martínez Bravo está al frente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que se ha ocupado de cuestiones tan importantes como la elaboración de un texto que contribuya a reformar el primigenio Estatuto de 1994.

-¿Cuándo fue nombrado superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada? ¿Qué supone para usted ocupar dicho cargo?

Mi nombramiento se hizo oficial el 22 de mayo de 2017 y, en lo personal, convertirme en el máximo responsable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un sueño hecho realidad. Las superintendencias representan lo máximo a lo que puede aspirar un profesional interesado en el derecho mercantil y societario. Es como si en el Ejército un soldado llegase a general o un profesor se convirtiese en rector de una universidad.

-¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que ha tenido que hacer frente desde que accedió a la Superintendencia?

Sobre todo, hemos tenido que solucionar dos cuestiones de gran interés. Por un lado, que las empresas del sector cumplieran las denominadas Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF). En el ejercicio de las renovaciones de las licencias se hizo especial énfasis en que las compañías tenían que transformar su contabilidad a los requerimientos de la Ley 1314 de 2009. Fue un trabajo duro y consideraría que, a día de hoy, no hay ninguna empresa que no se ajuste a la nueva legislación. Hasta entonces, debido a una cultura facilista, las compañías continuaban ciñéndose al Decreto 2649 de 1993 sobre principios y normas de contabilidad. Y se les podría haber negado la licencia. Sin embargo, debido a ese papel de acompañamiento que deben hacer las superintendencias, se organizaron mesas de trabajo y se propició que el sector se ajustase a las NIIF.

Y otro asunto que me encontré y me sorprendió es que en la vigilancia y la seguridad privada no se estaba abordando una cuestión tan importante como el lavado de activos. ¿Qué hicimos? Fortalecimos las políticas mediante una nueva circular y participamos en unas 40 actividades a nivel nacional para promocionar y socializar este tema.

-En algo más de un año, ¿cómo ha sido su relación con las asociaciones del sector? ¿Cuáles han sido las demandas o inquietudes que le han hecho llegar?

Hasta ahora, puedo afirmar que la Superintendencia tiene una muy buena comunicación con los gremios y que trata de atender todas sus preocupaciones. Una muestra de nuestro interés por mantener una magnífica relación con ellos es que cuando se elabora una nueva circular, la publicamos en nuestra página web con el objetivo de que puedan presentar observaciones. Deseamos conocer sus propuestas y que colaboren con nosotros. En ese sentido, han cooperado mucho en lo relativo a la socialización del lavado de activos y en transmitirles a sus asociados que debían ajustarse a las NIIF.

Pero, bajo mi punto de vista, quedan muchas cosas por hacer con los gremios. Por ejemplo, en ninguna universidad del país se puede obtener un diploma de vigilancia y seguridad privada. A nivel docente sí se trata la seguridad, pero en otro contexto. Y también veo con preocupación que no existe un Observatorio de Vigilancia y Seguridad Privada. Sin duda, los observatorios deben ir de la mano de los gremios y de la docencia.

-Entre las demandas del sector se encuentra la reforma del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Cómo han abordado dicha inquietud desde la Superintendencia?

En este último año, de manera silenciosa y junto a profesionales del Ministerio de Defensa, hemos trabajado en un proyecto de ley para reformar el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. El texto lo concluimos en mayo y, lógicamente, al abordar otros campos de aplicación, ahora tenemos que conocer el parecer de la Superintendencia de Industria y Comercio, las oficinas jurídicas de la Presidencia y del Ministerio de Trabajo…

Creo que se ha logrado un catálogo de artículos muy bien estructurado y que, en resumen, se trata de un material muy bueno, lo cual no quiere decir que no pueda modificarse. Todo lo contrario: este documento debe ser una pieza clave para iniciar las discusiones; y en ellas han de estar las agremiaciones.

Es necesario reformar el Estatuto porque se aprobó en 1994 y hay cuestiones que se han quedado obsoletas como, por ejemplo, la manera en que se va a combatir la ilegalidad en el sector, todo el tema tecnológico incluyendo los drones, analizar si en la videovigilancia en los espacios públicos priman más los derechos de privacidad de los ciudadanos que la seguridad, etc. Y tampoco tenemos un régimen sancionador robusto.

Asimismo, la reforma del Estatuto ha de contemplar una definición moderna de la Superintendencia para que cuente con herramientas tecnológicas e informáticas que le permitan realizar eficazmente su labor de inspección, vigilancia y control.

-Ya que se ha referido a la ilegalidad en el sector, ¿qué medidas proponen desde la Superintendencia para combatirla?

En cualquier actividad, combatir la ilegalidad no es tarea sencilla. Y en el texto para reformar el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada hemos propuesto unas medidas cautelares para que sean inmediatas.

Y para hacer frente a las empresas ilegales también consideramos fundamental estructurar una circular a la que hemos denominado de propiedad horizontal. Al respecto, conviene recordar que los ilegales son contratados por legales como conjuntos residenciales, industriales, comerciales, etc., y que muchas veces quien contrata es un representante de la propiedad horizontal, es decir, el administrador. Y según la ley, eso tiene unas implicaciones de carácter civil y penal. Por lo tanto, creemos que a los administradores y los miembros de un consejo de administración se les debe exigir que comprueben a quién están contratando.

La circular ya está articulada y opinamos que es una forma transversal de combatir la ilegalidad. El administrador o un consejo de administración tienen que contratar a empresas legales y contemplar las tarifas que exige la ley. De no ser así, serán sancionados por estar contribuyendo a la competencia desleal y al lavado de activos.

Si alguien tiene alguna duda, a la hora de contratar los servicios de una empresa es preciso solicitar la resolución que justifique que es legal, pero no conformarse con el papel que le presenten. A continuación, debe visitar la página de la Superintendencia para verificar que no le están mintiendo. Insisto: antes de contratar se tiene que consultar.

-Cuando ha hecho referencia a la reforma del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, uno de los asuntos de interés que ha mencionado es el de la videovigilancia en espacios públicos. ¿Cuál es su opinión?

No se trata de un tema sencillo, ya que el espacio público nos pertenece a los ciudadanos. Y también es donde confluyen todas las personas, desde el estudiante o el trabajador hasta el delincuente. En definitiva, es la expresión máxima y sincera de la democracia. Sin embargo, la videovigilancia puede generar un conflicto y propiciar un debate: ¿qué es más importante, la privacidad de los individuos que transitan por el espacio público o su seguridad?

En Bogotá se ha intentado integrar las cámaras de videovigilancia con la policía. Creo que es algo que debe hacerse tal y como ha sucedido en grandes ciudades como Ámsterdam, Londres o Tel Aviv. Se ha trabajado con las agremiaciones pero, finalmente, no se llegó a concretar nada. Y ahora vamos a intentar materializar ese experimento en Cali, que es una localidad más pequeña que Bogotá. Mi opinión es que, con el transcurrir del tiempo, las cámaras externas tienen que estar integradas con la policía. Y no solamente para combatir la delincuencia, ya que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para buscar a un niño que se ha perdido o para comprobar por qué se ha producido una filtración de agua.

Pero, como he comentado anteriormente, todo esto hay que verlo bajo dos puntos de vista: el derecho a la intimidad y el tema de la seguridad.

-¿Cómo contribuye el sector de la vigilancia y la seguridad privada colombiana a reducir los índices delictivos en nuestro país?

Obviamente, la vigilancia y los servicios de seguridad privada son el instrumento más importante que tienen las autoridades para combatir la delincuencia. Contamos con la Red de Apoyos, con los contactos de todas las compañías del sector. Tenemos que integrar a la vigilancia y a la seguridad privada en el ámbito público, de ahí la discusión de las cámaras, respetando todos los marcos constitucionales y legales. El papel de las empresas es fundamental para proteger a las personas y sus bienes. Por lo tanto, para la policía y las autoridades son una parte muy efectiva, ya que ahora cuentan con unos medios tecnológicos de los que carecían hace 20 años.

-De cara a su utilización en los servicios de vigilancia y seguridad privada, ¿qué opina de las armas no letales?

Creo que son un buen instrumento para poder ejercer la vigilancia y la seguridad privada de forma eficaz. Este es un tema que hemos venido regulando a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y de resoluciones de la Seguridad de Industria y Comercio. En el mundo, los servicios de vigilancia y seguridad privada tienden a no prestarse con armas convencionales. En el caso de Colombia, hay servicios muy importantes en los que no se utilizan las armas, mientras que en otros, como el transporte de valores, son imprescindibles.

De cara al futuro, un ejemplo puede representarlo Arabia Saudí, donde las compañías de vigilancia y seguridad privada se sirven de tecnologías, cámaras y armas no convencionales. Por el bien del país y de sus ciudadanos, tenemos que tender a eso, sobre todo en un escenario de posconflicto. Pero la solución definitiva llegará con los análisis sociológicos que se hagan y los resultados que se obtengan.

-Para finalizar, ¿qué opinión le merece que un medio de comunicación especializado como Segurilatam, con cobertura en toda Latinoamérica, haya patrocinado el evento Supersociedades y Supervigilancia, en el que usted tomó parte como ponente?

El intercambio de ideas, la docencia, los seminarios, etc., es lo mejor que le puede suceder a un sector, en este caso el de la vigilancia y la seguridad privada. Y que un evento como el celebrado en Bogotá venga de la mano de una revista internacional como Segurilatam es extraordinario, ya que la publicación nos permite conocer vivencias y situaciones de otros países que podemos aplicar aquí. Así pues, ustedes propician el intercambio de conocimientos y gracias a estos encuentros posibilitan que los profesionales de la seguridad puedan solucionar sus problemas.

* Bogotano de nacimiento, Fernando Martínez Bravo es abogado y especialista en Derecho Societario, Administración y Contratación. Y un gran conocedor de la actividad pública, como lo demuestra su paso por las superintendencias de Sociedades y de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor.

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