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ENTREVISTA

José Saavedra, Presidente de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS)

“ECOS desea contribuir a la elaboración de una nueva ley de vigilancia y seguridad privada que reemplace al estatuto de 1994”

04/11/2017 - Por Luisa Millan y Fernando Pérez (corresponsales de ‘Segurilatam’ en Colombia).
Durante el II Congreso Intergremial de Seguridad Integral celebrado en Paipa, José Saavedra, presidente de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS) y de Seguridad Superior, concedió una entrevista a ‘Segurilatam’ en la que, entre otras, se refirió a cuestiones relacionadas con la regulación del sector de la vigilancia y seguridad privada o la posible integración de los desmovilizados de la guerrilla en dicha actividad.

-¿Qué motivó la creación de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS)?

La asociación nació como una necesidad de defender al empresariado nacional frente a la inversión extranjera. En el caso de nuestra actividad, las leyes colombianas prohíben el ingreso de capital extranjero en el sector de la vigilancia y seguridad privada en el país. A pesar de ello, hoy en día figuran en Colombia las seis multinacionales más grandes en materia de vigilancia y seguridad privada.

-¿Cómo contribuye ECOS a potenciar la industria de la seguridad privada en Colombia?

Uno de los principales objetivos de ECOS es contribuir a que el Gobierno colombiano elabore una nueva ley que esté en sintonía con el presente y el futuro del sector de la vigilancia y seguridad privada. La actual norma, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, data de 1994 y ha quedado obsoleta para una actividad que cuenta con más de 800 empresas que dan empleo a 235.000 personas y facturan en torno a 8,2 billones de pesos colombianos.

A tenor de estas cifras, nuestro sector es uno de los que más contribuye a la parafiscalidad en el país, tanto como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las Cajas de Compensación Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), etc. Pagamos impuestos nacionales, departamentales y municipales. Y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que nos rige se sostiene con los tributos generados por nuestra actividad.

-Ya que se ha referido a ella, ¿cómo es la relación entre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y ECOS?

Existe una relación muy fluida entre ambas partes. Pero hemos sido críticos cuando ha tocado, hasta el punto de llegar a solicitar al presidente de la República la sustitución de algunos superintendentes. Actualmente, apoyamos al superintendente Fernando Martínez Bravo, que está realizando una labor muy importante tanto a nivel de vigilancia y control como de colaboración para el buen desarrollo de nuestra actividad. Me gustaría destacar que la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue fruto de una solicitud de los empresarios al Gobierno de la nación.

-Continuando con la normativa, ¿qué opinión le merece el proyecto denominado Ley del Vigilante?

La Ley del Vigilante nace como un acápite que se desprende del gran proyecto de ley que, en última instancia, no pudo concluirse con éxito. Senadores como Luis Fernando Velasco y Mauricio Lizcano, actual presidente del Congreso de la República, decidieron sacar adelante una norma que contenía dos puntos que era necesario considerar muy en serio. El primero, un seguro de vida para los vigilantes. Y el segundo, una bonificación para las compañías que incorporasen a su plantillas trabajadores mayores de 45 años o en condición de discapacidad.

En cuanto al seguro de vida, se intentó calificar a nuestra actividad de alta peligrosidad, lo cual no es cierto. Hoy en día, podemos afirmar que la siniestralidad en nuestro sector es baja, mucho menor que, por ejemplo, la que se registra en el sector hotelero. Si hubiese sido declarada de alta peligrosidad, ello conllevaría un régimen especial de pensiones que, a su vez, supondría unos gastos económicos inmensos tanto para el sector como para el Gobierno. Finalmente, logramos que no fuese así y que las Cajas de Compensación Familiar sufragasen el valor del seguro, ya que es mucho el dinero que reciben de nuestro sector.

Y por lo que respecta a la edad y a la condición de incapacidad de los vigilantes, se proponía que las empresas que tuvieran en sus plantillas un 10 por ciento de personas con estas características obtuviesen la mayor puntuación. Eso podría ser factible en una compañía con 100 empleados, pero no en una con más de 5.000 trabajadores. Al final, logramos que fuesen los clientes los que, a través de los pliegos de condiciones, fijasen qué número de vigilantes con más de 45 años o discapacidad deseaban que trabajasen en sus instalaciones.

-¿Cuál es el grado de colaboración existente en Colombia entre la seguridad privada y la seguridad pública para reducir los índices delictivos en el país?

La colaboración es permanente. En temas de capacitación, conviene tener en cuenta que muchas empresas de vigilancia y seguridad privada están en manos de exmilitares y expolicías, lo cual facilita que los guardas tengan una preparación muy importante. En este sentido, también cooperamos con los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) o con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional para combatir la delincuencia en el país.

-¿Cómo está viviendo el sector de la vigilancia y seguridad privada el posconflicto y la posibilidad de que los desmovilizados de la guerrilla puedan acceder a dicha actividad?

Precisamente, durante el II Congreso Intergremial de Seguridad Integral se ha propuesto que la reinserción de los desmovilizados sea completa, social, psicológica y académica. No hay que olvidar que ellos han estado 50 años creyendo que vivían en una legalidad que no era esta. Y que sus objetivos eran los mismos que nosotros cuidábamos: alcaldes, gobernadores, senadores, empresarios, oleoductos, plantas hidroeléctricas… Entonces, repito, la reinserción debe hacerse bien, no puede ser una reinserción a la carrera. Al respecto, estamos listos para ayudarles a través de nuestras escuelas de capacitación. Dicho esto, es preciso hacer hincapié en que contribuimos al proceso de paz ayudando a las víctimas. Es a ellas a las que hemos abierto las puertas para que vengan a trabajar a nuestras empresas.

-¿Qué motivó a ECOS, en colaboración con la Asociación Colombiana de Seguridad (Asosec), a impulsar el Congreso Intergremial de Seguridad Integral?

Este evento es la repuesta a las necesidades del sector en materia de actualización en cuestiones relativas a la normativa o la tecnología. En definitiva, el objetivo era habilitar un encuentro donde poder reunirnos, un oasis en el que los empresarios tuviésemos la oportunidad de departir y compartir experiencias.

-Para finalizar, ¿qué conclusiones extrae de la segunda edición del Congreso Intergremial de Seguridad Integral?

Una de ellas es que a través del congreso hemos podido satisfacer a los empresarios ávidos de seguir creciendo en capacitación o tecnología, de continuar contribuyendo a que Colombia sea un referente en materia de vigilancia y seguridad privada. No olvidemos que en el país existen terroristas, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, delincuentes comunes… Y que entre sus objetivos se encuentran aquellos que nosotros cuidamos. En Colombia, ¡la vigilancia y la seguridad privada no descansan!

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