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ENTREVISTA

Fernando Martínez Bravo, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

“El sector de la vigilancia y seguridad privada colombiano es un referente a nivel jurídico y operativo”

26/07/2019 - Por Javier Borredá.
Máximo responsable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desde mayo de 2017, Fernando Martínez Bravo valoró positivamente el papel de la industria colombiana en su visita al ‘stand’ de ‘Segurilatam’ en la Feria Internacional de Seguridad E+S+S de Bogotá.

-¿Cuáles son los principales cometidos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se encarga de inspeccionar, vigilar y controlar a la industria de la vigilancia y la seguridad privada, es decir, al gremio de las compañías de vigilancia, las blindadoras, las arrendadoras de blindados, las escuelas, los departamentos de Seguridad, las transportadoras de valores, los consultores y los investigadores. Se trata de un sector con unos 280.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Y cuando me refiero a la inspección, vigilancia y control, hablo de requerir, confrontar y comparar información contable, administrativa, jurídica y financiera de las empresas.

-¿Qué significa para la Superintendencia haber estado presente en un foro como la Feria Internacional de Seguridad E+S+S?

En esta feria se dan cita empresas que, en un gran porcentaje, suministran productos a las compañías de vigilancia y seguridad privada de cara a que realicen su labor adecuadamente. El objetivo de la Superintendencia en E+S+S ha sido asesorar en temas de inspección, vigilancia y control y también conocer las últimas novedades en materia de seguridad.

-Bajo su punto de vista, ¿en qué estado se encuentra el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia?

En América Latina es un referente a nivel jurídico y operativo. Y ello es así porque tiene una trayectoria de 50 años, porque los empresarios han sabido posicionarse en este nicho empresarial y porque el Gobierno le ha respaldado. Buena muestra de ello es que el sector cuenta con una superintendencia propia, algo que no sucede en otras actividades.

Pero para seguir progresando, creo que la mayoría de las empresas debería cambiar y evolucionar hacia un gobierno corporativo. Muchas de ellas, en torno al 90%, son familiares y alcanzan ya la segunda o tercera generación. Hace años, un empresario era comparado a un padre de familia. Pero hoy tiene que ser algo más, ha de atesorar conocimientos tributarios, contables, administrativos. Por ello, las compañías de perfil familiar tienen que incorporar a personas especializadas en dichos temas.

-Aproximadamente, ¿cuántas empresas ilegales operan en Colombia? ¿Cómo hacen frente a la piratería?

Se calcula que las empresas ilegales representan un volumen del 30% en comparación con el número de compañías autorizadas a prestar servicios de vigilancia y seguridad privada. Y no siempre es sencillo combatirlas. A veces, cuando se abren pliegos de cargos o se envían requerimientos, resulta que cambian de domicilio o de representantes legales. A pesar de ello, ya hemos llevado a cabo más de 200 visitas e impuesto sanciones. Pero el control de la ilegalidad no debe ser algo exclusivo de la Superintendencia. A la hora de contratar sus servicios, los usuarios tienen que exigir la licencia a una compañía. Es necesario un respaldo ciudadano.

-¿Y cómo controlan a las empresas que desean prestar servicio con drones?

Hasta la fecha, la Superintendencia ha autorizado a 22 empresas que poseen drones. Somos muy rigurosos en su uso, ya que tenemos que cumplir lo que establece Aerocivil en lo relativo al manejo de los drones y la capacitación de quienes tienen que manejarlos. Sin duda, los drones contribuyen a reforzar la seguridad de los guardas, a ahorrar costos y a ser eficientes en tiempo real. Pero su utilización tiene que estar severamente reglada. La Superintendencia debe saber cuántos drones, y de qué marca, están en posesión de una compañía, si han sido debidamente importados, si quienes van a manejarlos tienen la capacitación y el reconocimiento de Aerocivil, dónde van a ser usados, etc.

-Usted se puso al frente de la Superintendencia en mayo de 2017. ¿Qué balance hace del trabajo realizado hasta la fecha?

Cuando accedí al cargo encontré represadas 450 licencias y 380 recursos. A día de hoy, solamente hay pendientes 140 licencias y 70 recursos. Se ha avanzado mucho y confío en que en septiembre los plazos de los trámites sean de 90 días, en lugar de los 120 días actuales. Asimismo, se ha logrado que las empresas del sector cumplieran las denominadas Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF). Y se han fortalecido las políticas para abordar una cuestión tan importante como el lavado de activos.

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