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ENTREVISTA

Carlos Mayorga, Exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia

“En Colombia es necesario actualizar la normativa de vigilancia y seguridad privada”

12/02/2018 - Por Luisa Millan (corresponsal de ‘Segurilatam’ en Colombia) y Bernardo Valadés.
En el transcurso del Desayuno ALAS celebrado en el hotel Sonesta de Bogotá, Carlos Mayorga concedió una entrevista exclusiva a ‘Segurilatam’ en la que abordó cuestiones como su paso por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o la situación actual de un sector que considera muy preparado para operar fuera del país.

-¿Qué supone para usted haber participado en el desayuno organizado por la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)? ¿Cuál ha sido la temática elegida para su conferencia?

La temática versaba sobre normativa en materia de seguridad privada. La participación en este encuentro ha sido realmente positiva, ya que ha permitido interactuar con un sector de la industria que es muy relevante, que tiene muchos desafíos desde la perspectiva normativa y que posee potencial de crecimiento. Por lo tanto, este tipo de diálogos son muy constructivos.

-¿Qué recuerdos tiene de su paso por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada? Mientras usted estuvo al mando, ¿qué avances se produjeron en materia de regulación de las empresas del sector?

En Colombia, el sector de la seguridad privada es muy importante. Se caracteriza por una amplia demanda y está constituido por personas trabajadoras, empresarios con altos niveles de responsabilidad social y compromiso en sus actividades que destacan dentro y fuera del país.

Dicho esto, tengo unos recuerdos muy gratos de mi etapa en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Durante la misma, fueron muchos los avances que se produjeron. Algunos están reflejados en el Manual de Doctrina, disponible en la página web de la Superintendencia, y tienen que ver con la supresión de gestiones, el acceso a los trámites con la entidad a través de medios digitales, la reducción de los atrasos que la entidad tenía tanto en materia de licencias como de régimen sancionador, etc.

-Asociaciones y profesionales del sector reclaman una nueva ley que reemplace al original Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada de 1994. ¿Está de acuerdo? ¿Qué pasos se están dando para posibilitar el desarrollo de una nueva norma?

Efectivamente, es necesario actualizar la normativa de vigilancia y seguridad privada, ya que el no hacerlo dificulta el crecimiento de la industria y el control que el Estado debe tener sobre las empresas. Actualmente, estamos ante una industria mucho más madura que requiere un tratamiento distinto que contribuya a un mayor desarrollo del sector y a desregular algunos aspectos que, precisamente, entorpecen su crecimiento.

El Gobierno ha intentado sacar adelante cuatro proyectos de ley en materia de seguridad privada y todos han fracasado en el Congreso. Sin duda, ha hecho falta un mayor consenso para impulsar una nueva norma que permita el desarrollo sostenido del sector a largo plazo y que el Estado disponga de herramientas para combatir la ilegalidad.

-Al hilo de este último comentario, el sector privado demanda que desde el ámbito gubernamental se realicen más controles y se impulsen las medidas necesarias que contribuyan a erradicar a las empresas que operan ilegalmente. ¿Hasta qué punto se ha logrado dicho objetivo?

Se ha avanzado muy poco porque, como comentaba anteriormente, el regulador carece de herramientas de orden jurídico, en este caso para perseguir a quienes, de manera irregular o ilegal, prestan servicios de seguridad privada en Colombia. Al respecto, hace falta una mayor cohesión entre las asociaciones y los empresarios. En este sentido, en mi etapa en la Superintendencia se firmó un convenio con una asociación de seguridad privada y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) con el fin de determinar la informalidad en el sector y contar con las bases necesarias para construir una política pública.

La Superintendencia carecía de los recursos necesarios para tener un efectivo control de las empresas. Pero eso se subsanó, en parte, con la Ley 1819 de 2016, aprobada, entre otros objetivos, para adoptar una reforma tributaria estructural y fortalecer los mecanismos para luchar contra la evasión y la elusión fiscales.

En cualquier caso, es necesaria una reforma para que la Superintendencia se fortaleza tanto en el ámbito presupuestario como en el de las competencia.

-Por el contrario, son muchas las empresas que operan legalmente y gozan de una merecida reputación. A grandes rasgos, ¿cuál es su valoración del sector de vigilancia y seguridad privada colombiano?

Se trata de un sector de gran reputación en América Latina por sus elevados estándares de calidad, alta empleabilidad y valoración positiva de los ciudadanos. Estos últimos confían en quienes prestan servicios de seguridad privada, por eso cada vez los demandan más. La idea es que esa confianza se fortalezca, ya que la misma contribuye al crecimiento del sector.

-¿El Acuerdo de Paz con las FARC podría facilitar que los desmovilizados de la guerrilla se incorporasen al sector de la seguridad privada? ¿Qué hay de cierto en ello?

El acuerdo no contempla la incorporación de los desmovilizados al sector de la seguridad privada y lo deseable es que la reinserción se produzca en otros ámbitos. La misma podría darse, por ejemplo, en la desarticulación de minas, una actividad en la que muchas empresas gozan de una gran reputación dentro y fuera del país. Sería interesante que en el desminado participasen empresas de seguridad privada y que, para tal fin, contasen con la colaboración de reinsertados, puesto que son ellos quienes conocen la ubicación de las minas. En cuanto a los servicios de seguridad privada, no se contempla que sean prestados por desmovilizados.

-Bajo su punto de vista, ¿debería restringirse la inversión extranjera en seguridad privada?

Teniendo en cuenta la normativa vigente, la inversión extranjera en Colombia debe gozar de las mismas consideraciones que la nacional. Por lo tanto, no habría razón legítima para restringir dicha inversión en el sector. Pero es necesario que haya reciprocidad, es decir, que nuestras empresas también puedan operar en los países de origen de las organizaciones que vienen de fuera. No está bien que nosotros abramos el mercado y que luego nos cierren las puertas en otros sitios. Las empresas colombianas están preparadas para competir internacionalmente y, por lo tanto, es necesario que exista una inversión recíproca.

-Usted nos ha puesto un ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad pública cubrían un evento a gran escala en el que se habían utilizado todos los recursos policiales, lo cual provocaba que la ciudad quedase desprotegida. A tenor de este supuesto, ¿cuál es el grado de colaboración existente en Colombia entre las seguridades pública y privada?

Precisamente, he utilizado dicho ejemplo para destacar que la vigilancia en espectáculos públicos complejos debiera estar a cargo de la seguridad privada, ya que así no se distorsionaría la prestación de servicios públicos cuando se celebran eventos de trascendencia nacional o regional. Uno de los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) contempla dicho supuesto como una de las posibilidades de crecimiento del sector privado. Y sería importante que el mismo también se considerase en el ámbito de la seguridad en centros penitenciarios.

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