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ENTREVISTA

Luis Oswaldo Parada, Presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip)

“En Colombia, la seguridad privada es el principal brazo aliado de la fuerza pública para prevenir el delito”

01/11/2017 - Por Luisa Millán y Fernando Pérez (corresponsales de ‘Segurilatam’ en Colombia).
Con una experiencia de más de 30 años en el sector de la seguridad privada, Luis Oswaldo Parada es propietario de la empresa Servisión de Colombia y actualmente se encuentra al frente tanto de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip) del país como de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (Fepasep). En la entrevista concedida a ‘Segurilatam’, el empresario aborda cuestiones como las reformas legislativas, la posible entrada en el sector de los desmovilizados de las FARC o la colaboración existente entre las seguridades privada y pública en Colombia.

-Andevip se fundó en los años ochenta del siglo pasado. ¿Qué motivos propiciaron su creación?

La seguridad privada siempre ha carecido de estabilidad jurídica. Esa fue la razón que llevó a los empresarios a unirse para poder defenderse de las políticas públicas, tener un portavoz representativo ante el Gobierno nacional y ser escuchados. Era tanta la inseguridad jurídica que existía entonces que los propios profesionales del sector no sabían qué estaba y no estaba vigente. De ahí la necesidad de agremiarse para exigir la creación de políticas públicas que protegiesen al empresariado colombiano, respetasen la iniciativa privada y propiciasen la creación de empleo. Andevip promovió movimientos y uniones empresariales que contribuyeron a la elaboración del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada de 1994.

En la actualidad, la asociación continúa trabajando para el fortalecimiento de la industria de la seguridad privada en el país y participa en todas las mesas de discusión de los diferentes proyectos que se han presentado en el Congreso de la República.

-En Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la encargada de controlar, inspeccionar y vigilar al sector. ¿Cómo es la relación entre el citado organismo y Andevip?

Muy buena. Participamos en todas las actividades que impulsa la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para fortalecer las políticas públicas y sus representantes también acuden a nuestras convocatorias. Gracias al acercamiento entre ambas partes, podemos escuchar a la Administración y esta, a su vez, conocer de primera mano las necesidades de los empresarios de seguridad privada.

-Como ha comentado anteriormente, el original Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada data de 1994. ¿Qué debería contemplar la nueva norma que regule estas actividades?

Ciertamente, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada quedó obsoleto. Es necesaria una ley de segunda generación que se equipare a los estándares internacionales. Desde Andevip hemos solicitado cambios, ya que en el borrador por el cual se reforma dicho estatuto todavía aparece la facultad discrecional. El de la seguridad privada es el único sector en Colombia en el que aún se contempla la facultad discrecional, un inconveniente para el fortalecimiento de la industria que no permite desarrollar proyectos a largo plazo y crea inseguridad jurídica entre los empresarios.

-Además del señalado, ¿qué cambios legislativos deberían llevarse a cabo en Colombia en materia de vigilancia y seguridad privada?

Regular las armas, controlar la mal llamada inversión extranjera, crear un nuevo régimen sancionador y disciplinario basado en el principio de oportunidad y en la disminución de multas y sanciones, equiparar los estándares y las tarifas existentes en las cooperativas y empresas de seguridad privada, contemplar las nuevas tecnologías en nuestro estatuto… Quedan muchas cosas por hacer.

-Hoy en día, ¿cuál es el número de empresas de seguridad privada que operan en Colombia? ¿A cuántas personas dan empleo y cuál es su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del país?

Actualmente, hay más de 900 empresas registradas. Hablamos de una industria muy amplia conformada por empresarios nacionales y extranjeros. Podría decirse que el mercado está saturado de empresas de seguridad privada. En cuanto al empleo, el sector proporciona trabajo directo y de calidad a 285.000 personas, principalmente de los estratos 1 y 2 de la población –los más desfavorecidos–. Y por lo que respecta a la contribución del sector al PIB, en 2016 fue del 1,4 por ciento tras facturar 7,2 billones de pesos colombianos.

-En el caso de la competencia desleal, ¿son muchas las empresas de seguridad privada que operan ilegalmente en Colombia?

Así es. En Colombia, la competencia desleal es muy grande y en el país funcionan muchas empresas piratas que no están sometidas al control y la vigilancia por parte del Estado. Y a ellas se deben sumar las de carácter internacional que violan el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Entre unas y otras, podría afirmarse que más del 50 por ciento de las empresas de seguridad que operan en Colombia lo hacen ilegalmente.

Por eso, aprovecho la oportunidad que me brinda Segurilatam para invitar a los usuarios a que contraten servicios de empresas que sí operan legalmente. Si tienen alguna duda, el listado de las mismas se encuentra en la página web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y también existen otros recursos como solicitar el certificado que otorgan las cámaras de comercio o el de antecedentes disciplinarios. De esta forma, los clientes podrán trabajar con compañías que cumplen con la ley y los elevados estándares que ofrece el sector de la seguridad privada en Colombia.

-El Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podría facilitar que los desmovilizados de la guerrilla fundasen empresas de seguridad privada. ¿Qué opinión le merece dicha posibilidad?

Se trata de una noticia que hemos recibido con mucha incertidumbre, porque en más de 60 años de conflicto en Colombia lo que ha hecho la industria de la seguridad privada es ayudar a la seguridad pública. Hemos contribuido a generar sensación de seguridad entre los colombianos. Y ahora, el Gobierno y las FARC están solicitando la modificación del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada sin la participación de los empresarios, sin la discusión abierta de todos los sectores de la economía del país… Tememos que esas futuras empresas, que son vistas con muy buenos ojos por parte de los desmovilizados, generen un riesgo para la propia seguridad y la ciudadanía. Todos los desmovilizados son bienvenidos en los sectores económicos, pero es importante que no manejen armas de fuego para no crear un mayor riesgo de seguridad pública.

-¿Cuál es el grado de colaboración existente en Colombia entre la seguridad privada y la seguridad pública para reducir los índices delictivos en el país?

El grado de colaboración es muy alto, como lo demuestra el que seamos el único sector que realmente coopera con la Policía Nacional en el Frente de Seguridad Empresarial. En los más de 1.200 municipios que tiene Colombia, la Policía Nacional sabe dónde están exactamente nuestros puestos de vigilancia, nuestras armas, nuestras cámaras… Ponemos nuestros recursos al servicio de los clientes y también del Estado. Sin duda, somos el principal brazo aliado de la fuerza pública.

-Del 22 al 24 de noviembre se celebrará el XXIV Congreso Nacional de Seguridad Privada en Cartagena de Indias. ¿Cuáles serán los principales temas que se abordarán en él?

Por supuesto, uno de ellos será el legislativo, que se tratará a través de conferencistas y del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, quien explicará cuáles son las políticas públicas destinadas al sector privado para los próximos años. Lógicamente, también se abordará el posconflicto y la incidencia que tendrá para nuestra actividad. Además, habrá expertos en coaching empresarial, ponentes internacionales, una zona comercial con las últimas tendencias en materia de seguridad privada, etc. ¡Les esperamos!

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