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ENTREVISTA

Alfonso Ramón Bagur, Comisionado general del Servicio de Protección Federal

“Sería muy adecuado que México contase con una ley específica de protección de infraestructuras estratégicas”

14/04/2018 - Por Javier Borredá y Bernardo Valadés.
Sin duda, el Servicio de Protección Federal de México juega un papel decisivo y muy relevante en la seguridad de las consideradas instalaciones vitales. En una entrevista exclusiva concedida a ‘Segurilatam’, el máximo responsable del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación abordó cuestiones como las principales amenazas a las que se enfrentan los objetivos a proteger, qué aspectos deben mejorarse para reforzar su seguridad y cómo contribuye el sector privado a garantizar la normal prestación de servicios esenciales a la sociedad.

-En la actualidad, ¿cómo se clasifican las infraestructuras que prestan servicios esenciales en México?

Se estima que en el país existen en torno a 17.000 instalaciones gubernamentales, de las cuales unas 3.000 son consideradas críticas. Y dentro de estas últimas hay unas 250 o 300 con un nivel de criticidad mayor. Hablamos de infraestructuras gestionadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos o la Comisión Nacional del Agua, por poner algunos ejemplos. Todas ellas poseen sus propios cuerpos y protocolos de seguridad y, al mismo tiempo, de su protección también se ocupan el Ejército y la Armada.

Y luego hay otro tipo de instalaciones, como las del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares o del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que, sin llegar a esos niveles de criticidad, requieren unos elevados estándares de seguridad. Es de este tipo de instalaciones vitales o estratégicas de las que se ocupa el Servicio de Protección Federal (SPF). Además, el SPF vela por la protección de 11 centros penitenciarios federales. Para tal fin, elaboramos unas guías que facilitan a los penales diseñar su seguridad perimetral.

-Exactamente, ¿cómo contribuye el SPF a reforzar la seguridad en esas instalaciones?

Por un lado, una de nuestras funciones es realizar análisis de riesgos. Consideramos las amenazas y las vulnerabilidades y, en base a ello, desarrollamos un programa integral de seguridad que, por lo general, se divide en cuatro etapas: disuasión, detección, retención y reacción. En definitiva, el objetivo es evitar que personas no autorizadas puedan acceder a las instalaciones. Estos programas los desarrollamos para instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal o la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como para consulados o embajadas.

Otro de nuestros cometidos es orientar a los responsables de las instalaciones que vayan a contratar los servicios de seguridad privada para que seleccionen a la empresa adecuada y no malgasten su dinero. Normalmente, este asesoramiento lo prestamos a instituciones gubernamentales, aunque también podríamos hacer lo mismo con entidades privadas si nos lo solicitasen.

Asimismo, el SPF capacita y certifica al personal de las empresas de seguridad privada que vayan a desempeñar su labor en instalaciones vitales para que cumplan su cometido de una manera eficaz. Y, adicionalmente, podemos proporcionar un comandante de seguridad a esas empresas.

-Ya que se refiere a la capacitación, ¿qué importancia le conceden a la formación de quienes integran el SPF?

Mucha, naturalmente. Los efectivos del SPF están capacitados por el Ejército y participan en todo tipo de cursos, desde los especializados en antiterrorismo hasta los reservados a la ciberseguridad. Sin duda, su formación es muy importante. En este sentido, permítame que le ponga un ejemplo: para prestar servicio en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores es preciso poseer unos conocimientos muy sólidos de seguridad, pero también se ha de ser cortés y diplomático. Por lo tanto, nos preocupa la formación de los integrantes del SPF en todos los ámbitos.

-¿Cuáles son las principales amenazas que pueden perturbar el normal funcionamiento de las instalaciones vitales?

Si bien en México, a diferencia de otros países, no padecemos el terrorismo yihadista, los efectivos del SPF están preparados para hacerle frente. Dicho esto, la principal amenaza que debemos afrontar son las manifestaciones públicas, de manera especial aquellas en las que los manifestantes, lejos de protestar pacíficamente, pretenden acceder a las instalaciones. Si consiguiesen lograr su propósito y llegar a interrumpir la producción de una refinería de petróleo o el suministro de agua, su acción tendría un coste económico elevadísimo.

Al respecto, ¿qué hace el SPF para impedirlo? Genera protocolos que, en la medida de lo posible, ayudan a que quienes se manifiestan no accedan a las instalaciones objeto de custodia. Y eso supone que exista una coordinación fluida y directa con las autoridades locales, ya que nuestros medios son limitados. Tenga en cuenta que, como he comentado anteriormente, en México existen unas 17.000 instalaciones vitales y serían necesarios cientos de miles de efectivos del SPF para protegerlas. Como la realidad es bien distinta, es esencial que se materialice una estrecha colaboración con las policías locales y los directores de Seguridad de las propias instalaciones. Pensando en estos últimos, nuestras guías les ayudan a evitar que los manifestantes entren en sus instalaciones o a cómo deben actuar en caso de amenaza de bomba.

Y otro riesgo a considerar es el robo dentro de las propias infraestructuras. Indudablemente, no es una amenaza tan extrema como el terrorismo o la invasión de una instalación pero también provoca daños, en este caso a las cuentas económicas.

-En la entrevista que concedió a Segurilatam en 2017, tras el Congreso Latinoamericano de Seguridad de ASIS, también nos habló de la Guía para la Elaboración de Análisis de Riesgos. Además de esta y las citadas anteriormente, ¿qué otras guías han impulsado desde el SPF para ayudar a reforzar la seguridad física de las instalaciones vitales?

Hemos elaborado guías de todo tipo que, entre otras, incluyen recomendaciones para establecer los protocolos de control de accesos peatonal y vehicular, cómo se ha de llevar a cabo la supervisión de seguridad entre los pisos de una instalación, etc. También hay guías para hospitales y, como mencioné al principio, para centros penitenciarios… Y estamos ultimando una sobre los modos de conducta apropiados que se deben poner en práctica a la hora de acceder a una instalación gubernamental.

-En el transcurso del foro Seguridad de Instalaciones Vitales, celebrado el año pasado en el Casino Naval, usted manifestó su voluntad de conocer casos de éxito relacionados con la protección de este tipo de infraestructuras. Desde entonces, ¿ha logrado dicho objetivo?

Sí. Y estar al día de las mejores prácticas en materia de seguridad en instalaciones vitales ha sido posible, en parte, gracias al diplomado especializado en Dirección de Administración de Seguridad Física en Instalaciones Gubernamentales impulsado por el SPF y ASIS Capítulo México. Quienes participan en él deben presentar un caso de éxito que se va a incluir en un libro que, a buen seguro, será muy útil para las instituciones e instalaciones gubernamentales.

Uno de ellos es el de Senasica, organismo enmarcado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, encargado del control fitosanitario de animales y plantas, que necesita controlar las centrales de abastos, es decir, los espacios donde se concentran los comerciantes de frutas, legumbres, carne, etc. Para que los directores de Seguridad puedan reforzar la protección de dichos enclaves, gracias al diplomado y a un estudio que elaboramos junto a las centrales de abastos estamos en disposición de aportar un modelo de seguridad estandarizado con la participación de empresas privadas certificadas.

-Otro de los propósitos que destacó en dicho foro fue unificar los protocolos de seguridad física en las instalaciones gubernamentales con el objetivo de establecer reglas generales eficientes y actuar de manera más efectiva. ¿Cómo se está logrando dicho objetivo?

Está claro que todas instalaciones no pueden tener los mismos programas de seguridad porque cada una de ellas es diferente, pero hemos logrado que manejen el mismo protocolo sistemático de operación. Y en esto también ha tenido mucho que ver el diplomado especializado en Dirección de Administración de Seguridad Física en Instalaciones Gubernamentales, en cuya primera graduación han participado representantes de todas las secretarías de Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de instituciones médicas, etc.

Entre todos logramos definir una serie de protocolos y ahora tenemos en mente otros objetivos. El primero es poder certificar los procesos de seguridad existentes en las instalaciones vitales. Aunque existen normas ISO, creemos que no son congruentes ni adaptables a las necesidades de la seguridad mexicana. Y en México tampoco hay entidades que certifiquen el cumplimiento de las normas ISO de seguridad. Si pensamos en ASIS, la asociación certifica a los profesionales de la seguridad, pero no a los procesos. Por eso, esta es una asignatura pendiente.

Y otro objetivo es certificar a los guardias de seguridad privada que prestan servicio en las instalaciones. La certificación permitiría tenerlos registrados, elevándose así el nivel de seguridad.

-¿Las empresas de seguridad privada están a favor de dicha certificación?

Desgraciadamente, no todas. Hay empresas muy responsables que sí invierten en capacitación y, por lo tanto, para ellas la certificación no supondría una mayor inversión económica. Pero para otras conllevaría un esfuerzo que se traduciría en una subida del precio de sus servicios, algo que nosotros no vemos como un problema porque lo que verdaderamente nos importa es la calidad de los mismos.

Y continuando con la seguridad privada, otro de nuestros objetivos es lograr una credencial única para los vigilantes con validez en todo el país. ¿Cuándo lo vamos a lograr? No lo sé. Sería deseable que el propio sector llegase a un consenso para impulsarla.

-Hasta ahora hemos hablado de cómo se protegen las instalaciones vitales desde el punto de vista de la seguridad física. Pero, ¿quién garantiza su seguridad ante posibles ciberataques?

Esa misión corresponde a la División Científica de la Policía Federal, a cuyo frente se encuentra la comisaria general Patricia Trujillo. El SPF no es ajeno a la seguridad, pero no tiene competencias en dicha materia. Lo que sí hacemos es controlar los equipos informáticos que entran y salen de las instalaciones. Además, la Oficina de la Presidencia cuenta con un área de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que dicta una serie de normas sobre cómo debe realizarse el manejo de la información en las instalaciones gubernamentales.

-Bajo su punto de vista, ¿debería elaborarse una ley específica de protección de infraestructuras críticas en México?

Sí, sería muy adecuado. Si hasta la fecha no se han dado los pasos en esa dirección es porque el Gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados han estado muy centrados en la aprobación de normas como la Ley de Seguridad Interior y también porque estamos en un fin de sexenio –en 2018 concluirá el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto–. Pero, sí, sería muy adecuado contar con una ley específica.

-Para finalizar, ¿desea enviarle algún mensaje a quienes velan por la seguridad de las infraestructuras críticas de ámbito público en otros países de América Latina?

Con mucho gusto. Aprovechando que Segurilatam tiene una cobertura tan amplia y llega a todos los países latinoamericanos, les diría a los responsables de las infraestructuras críticas, estratégicas o vitales que no vean la seguridad como un mal necesario sino como una inversión.

Alfonso Ramón Bagur y Javier Borredá, director comercial de Segurilatam
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