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OPINIÓN

Juan Antonio Arámbula Martínez , Presidente de Steganop

¿Para qué una nueva Ley General de Seguridad Privada?

En el proyecto legislativo se define con mayor precisión la prestación de los servicios de seguridad privada a través de un permiso nacional único e intransferible. Autor: Juan Antonio Arámbula Martínez (Steganop).

Siendo público y notorio que el marco regulatorio de la seguridad privada en México es obsoleto, contradictorio, confuso y propicio para la elusión, la evasión y las prácticas corruptas, se ha propuesto elevar el rango de la actual ley federal a general. Básicamente, para regular los servicios entre prestadores y prestatarios y para establecer las bases de integración y acción coordinada de las autoridades encargadas de esa regulación en sus respectivos ámbitos de competencia. Y también la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios participarán en el desarrollo de dicha actividad. Y todo ello considerando lo que se expone a continuación.

Desorden y distorsión

La seguridad privada no debe regirse necesariamente por lo establecido en el artículo 21 constitucional, ya que este hace referencia explícitamente a la función estatal de la seguridad pública y de la procuración y administración de justicia. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se refiere a la seguridad privada como auxiliar de la seguridad pública debido a una falla conceptual en su concepción y promulgación, ya que lo hace sin utilizar en ningún momento el término “función auxiliar”. Por lo tanto, “puede auxiliar” a la autoridad en momentos determinados, pero en ningún caso se trata de que comparta una función que es, por naturaleza de derecho administrativo, exclusiva e irrenunciable para el gobierno.

De dicha confusión se derivan consecuencias de gran alcance que dejan en estado de indefensión a los prestadores y prestatarios de los servicios, así como a quienes laboran para los primeros, ya que les resultan incorrectamente aplicables los principios rectores, las obligaciones de conducta y los derechos laborales específicamente establecidos para los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia.

Es un principio de derecho que el gobernante haga lo que le ordenan las leyes. No más ni menos. Por el contrario, el gobernado puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Al aplicarse los principios que rigen a las autoridades con la misma amplitud a quienes desempeñan actividades de índole mercantil, se tuerce el espíritu de la norma y se confunden los ámbitos del precepto constitucional.

Esta aberración ha propiciado la injusta y corrupta actuación de diversas autoridades en los ámbitos local y municipal, ya que se malinterpreta la jurisdicción múltiple prevista exclusiva y estrictamente para la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para el caso de la seguridad pública y no para la privada. Por algo, las disposiciones del artículo 21 se encuentran en el capítulo previsto para los derechos humanos y garantías fundamentales de los gobernados, donde la carga obligatoria recae en los tres poderes de gobierno.

Además, las competencias concurrentes también han propiciado que, en cada jurisdicción, cada nivel de gobierno elabore normas sobre la seguridad privada, básicamente con un ánimo recaudatorio y sin conocimiento sobre el tema. La falta de coherencia, y la consecuente generación de vacíos legales entre las diversas legislaciones existentes, ha propiciado también la evasión y elusión de las mismas por parte de empresas que se han convertido en elementos de competencia desleal y de confusión para usuarios y ciudadanos. Además, la falta de una definición precisa del concepto de seguridad privada ha provocado un desorden y una gran distorsión en el mercado, permitiendo la simulación de sus actividades y disfrazándolas como labores administrativas o de apoyo logístico.

Una ley obsoleta

Es por ello que se corrige la obsolescencia de la legislación actual que favorece el burocratismo en la peor de sus acepciones, originando acciones centralistas, arbitrarias, discrecionales y alejadas de las mejores prácticas de la administración pública. Y desaprovechando, además, los avances tecnológicos que permiten un mejor ejercicio del servicio público en beneficio de los gobernados.

En el cuerpo legislativo propuesto se corrige la elusión y evasión del control estatal, ya que hasta hoy se desconoce la aplicación del orden jurídico específico a quienes constituyen cuerpos internos de seguridad privada en toda clase de instituciones públicas y privadas, otorgando un trato distinto, injusto y discriminatorio a quienes son prestadores externos de los servicios.

Hasta hoy, no se establecía la obligación del Estado para contratar a empresas que cuenten con autorización y aún se exceptúa al sector público de cumplir con las mismas condiciones de contratación como prestador y como prestatario, generando competencia desleal, aprovechamiento indebido de la infraestructura pública y el acceso injustificado e inequitativo al equipamiento y armamento utilizados, incluyendo calibres de armas de fuego reservados para labores de seguridad pública o para las fuerzas militares.

Considérese que, a día de hoy, se excluye a las áreas de seguridad gubernamental del cumplimiento de requisitos obligatorios para los particulares, especialmente en los casos de adquisición y provisión de servicios y bienes para la seguridad pública y privada, ocasionando confusiones para las áreas de supervisión y verificación.

Esto ha tenido un gran impacto en los temas de registro obligatorio de unidades vehiculares provistas de blindaje, la comercialización de equipos y sistemas informáticos para la explotación de fuentes de información, la operación de servicios privados de seguridad al amparo de licencias oficiales colectivas para la utilización de armas de fuego –reservadas en teoría para labores de seguridad pública– y la adquisición directa y discrecional de tales equipos y sistemas a proveedores extranjeros que no pasan por los controles de la oficina encargada por parte del Gobierno federal.

La obsolescencia de la actual ley federal provoca la imprecisión sobre los agentes de seguridad privada en relación a las funciones del primer respondiente para los casos previstos por las nuevas disposiciones derivadas del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Y lo mismo sucede para las consideraciones relativas a la protección de los datos personales de los particulares, la protección y promoción de los derechos humanos, la equidad y la no discriminación de las personas en el mismo nivel de importancia que la protección y promoción de los derechos de los trabajadores.

Por todo lo anterior, se genera información imprecisa y confusa sobre las dimensiones, el alcance, la trascendencia económica, el desempeño y las capacidades de la industria de la seguridad privada.

Proyecto legislativo

La nueva Ley General de Seguridad Privada considera los avances y tendencias internacionales que en la materia se siguen a través de la Organización de las Naciones Unidas y de los pactos de Montreux, Viena y Abu Dabi, en los que México participa como país observador.

Además de subsanar las deficiencias descritas, en el proyecto original se incluye la creación del Centro Nacional de Seguridad Privada (Cenaseg), con características de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, previendo acciones de planeación y coordinación nacional e internacional.

Adicionalmente, se definen con mayor precisión las modalidades para la prestación de los servicios a través de un permiso nacional único e intransferible, renovable bianualmente y bajo un esquema de garantías racional, justo y proporcional a la actividad o modalidad en el caso de las fianzas, considerando asimismo que toda la documentación podrá presentarse a elección del solicitante de manera física o electrónica.

Igualmente, se toman en cuenta los aspectos relacionados con la subcontratación y la portación y uso de armas de fuego y de armas no letales, así como todo lo relativo a la profesionalización y certificación de actividades, procesos y personas participantes en esta fundamental e irrenunciable actividad.

Y, finalmente, se establece un régimen sancionatorio justo, coherente y previsor de los derechos de los particulares a la recurrencia y eventual reconsideración o enmienda de cualquier lesión jurídica.

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