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OPINIÓN

Fernando M. Fernández, Experto en Derecho Penal de los Negocios y Seguridad Corporativa

El ‘billetazo’ venezolano

Sigue el contrabando de billetes venezolanos. Y es que el tráfico de dinero no es punible en Venezuela. Tampoco la falsificación y el contrabando de la moneda. Insólito. Esto sólo pasa aquí. No conozco un caso similar. Por el contrario, todo país bien administrado protege penalmente su moneda como parte integral del Estado y de su identidad nacional.

El bolívar murió como símbolo monetario: lo mataron quienes más debían defenderlo. El Estado de Derecho y la economía formal agonizan, tal y como anuncié en un artículo publicado en El Universal a finales de 2016. No me sorprende: es el billetazo continuado e impune. Una amenaza a la seguridad financiera.

Los bancos, sus oficiales de cumplimiento y gerentes de seguridad deben estar atentos a esta situación en cada país donde se materialice este tráfico. El riesgo de lavado de dinero, receptación, fraude y demás delitos graves asociados es enorme y patente. El billetazo es lo peor que puede ocurrirle a toda economía formal.

Despenalización de los delitos monetarios

La causa de esto es la despenalización por decreto de los delitos monetarios en 2001 al eliminarse todo el capítulo respectivo de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV). Desde entonces, las oportunidades de los corruptos y del crimen organizado para financiar sus actividades y legitimar sus capitales se han incrementado.

La crónica de este descalabro es la siguiente: en 1992, la Ley del BCV reformó los viejos delitos del Código Penal de 1897, el cual fue reformado posteriormente en diversas ocasiones. En el año 2001, en un decreto del Ejecutivo, los delitos que tipificó esta reforma desaparecieron de la Gaceta Oficial sin explicación alguna ni exposición de motivos que lo justificase. Las reformas de los años 2003, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2016 de la Ley del BCV tampoco restituyeron los delitos monetarios. Los problemas derivados de este vacío legislativo inexplicable, inexplicado, incomprensible, absurdo, ilógico e inconveniente, como el que analizamos, son muchos y peligrosos.

Derogar los delitos monetarios en Venezuela es un ejemplo de la demencial forma en que se ha gobernado últimamente por decretos, congruente con el intento de implantar un sistema comunista en el país en paralelo con una Constitución democrática que sólo prevé el llamado Estado social. Al Estado dual toca una economía dual. Resultado: el caos de la economía formal y el florecimiento del crimen organizado, la corrupción y, además, la inflación. O sea, el desastre.

Bolívares fuera de la frontera venezolana

Como le consta a los organismos oficiales y al ciudadano común, el billete de 100 bolívares se vende caro (un 35 por ciento más) fuera de la frontera venezolana. ¿Por qué, si no sirve para pagarse un cafecito en el mercado formal? Una explicación es que quien lo compra necesita efectivo como capital de trabajo para otros fines irregulares; por ejemplo, revenderlo en dólares a quienes necesitan lavar divisas producidas por delitos. Se trata de una combinación de bachaqueros (revendedores) y contrabandistas, quienes luego venden el botín a terceros (guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, corruptos, etc.). Eso tiene sentido dada la magnitud de la operación: la sustracción de más de tres millardos de billetes según la denuncia de funcionarios públicos.

Organismos oficiales se formulan la pregunta: ¿qué hacen en Colombia con los billetes venezolanos? También nos preguntamos: ¿qué hacen 30 toneladas de billetes venezolanos en Paraguay? Se calcula que, al menos, 3.000 millones de unidades de billetes venezolanos de 100 bolívares están en el extranjero. Las redes sociales filtran información de los alijos por toneladas de billetes nuevos. Brasil investiga contrabando de billetes venezolanos en su territorio…

Las preguntas correctas deben ser: ¿cómo y quiénes sacaron los billetes por toneladas? ¿De dónde los sacaron? ¿Del BCV, de los bancos del Estado, de los bancos privados o del bachaqueo? ¿Quiénes les ayudaron? ¿Quiénes lo permitieron? ¿Por qué fue tan fácil y tan rápido? Debe hacerse una investigación seria, independiente y objetiva.

Objetivo: eliminar el ‘billetazo’

He dicho insistentemente que los delitos monetarios no existen desde el año 2001, con lo cual la máxima autoridad monetaria del país, que es el BCV, perdió la acción penal que tenía desde 1992 hasta 2001, cuando la Ley del BCV tipificó unos delitos modernos y derogó los obsoletos delitos del anciano Código Penal de 1897.

El Ministerio Público, actuando ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, reconoció la despenalización del delito de falsificación de monedas, lo que es un ingrediente de oficialidad en el reconocimiento del problema de la impunidad de los delitos monetarios. En lo internacional, Venezuela no firmó el Convenio de Ginebra de 1929 contra la falsificación de monedas.

El bolívar, a pesar de su depreciación, se ha convertido en capital de trabajo a gran escala para el crimen organizado y en la gigantesca lavandería de dinero en que han convertido a Venezuela. También para el menudeo de comerciantes y personas naturales que ven perder sus ahorros en el vertiginoso y descontrolado proceso de inflación. Con esos billetes devaluados acceden a bienes y dólares como refugio y ahorro.

La respuesta de la autoridad monetaria venezolana de desmonetizar el billete de 100 bolívares y sus constantes prórrogas ha sido absurda, inoportuna, desproporcionada, caótica y dañina para toda la población inocente del descalabro. Esa decisión monetaria puso a todos los ciudadanos a correr de un lado a otro, a hacer colas insufribles desde las navidades de 2016.

La moneda comunal y el trueque están en el fondo del intento de destruir el bolívar para establecer un modelo comunista de Estado. Pero en perjuicio de todos, empezando por los funcionarios públicos medios, pensionados, partícipes de las misiones y asalariados, quienes ven cómo se carcomen sus ingresos frente a un mostrador. Nada de lo que ganan sirve para comprar lo que necesitan. En cambio, los corruptos y delincuentes organizados gozan un puyero con el dinero líquido y abundante que lavan a diario.

Mientras tanto, los bancos, sus oficiales de cumplimiento, auditores y gerentes de seguridad deben estar atentos a este riesgo. Su reputación está en juego. También peligran la seguridad financiera, el negocio bancario y las finanzas públicas y privadas, así como las transacciones legítimas de toda la economía formal. El billetazo debe ser eliminado urgentemente.

*Fernando M. Fernández es socio retirado de Baker & McKenzie (Caracas, Venezuela). Experto en Derecho Penal de los Negocios y Seguridad Corporativa, es, además, criminal compliance especializado en antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

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