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OPINIÓN

Luis Alfonso Ceballos, Consultor de Seguridad e Investigaciones

Víctimas de la confianza

Al analizar las estadísticas relativas al comportamiento del delito en Colombia, se nota con preocupación que durante 2016, según cifras del último censo delictivo de la Fiscalía General de la Nación, se denunciaron 314.511 casos de hurto, cifra que, comparada con 2015, representó un aumento del 11 por ciento.

Si estimamos que las denuncias interpuestas pueden representar el 25 por ciento de los hechos que se denuncian, y que el 75 por ciento restante no llega a conocimiento de las autoridades; estamos frente a un problema de subregistro y victimización muy grande, de ahí que el 18,8 por ciento de la población perciba inseguro su medio ambiente.

El peligro del efectivo

Los bancos del país suman más de 8.000 oficinas, 94.000 corresponsales bancarios y 15.000 cajeros automáticos. En la actualidad, las 13 principales ciudades concentran 9,93 millones de adultos con crédito de consumo vigente según las cifras aportadas por la Superintendencia Financiera de Colombia en su informe de inclusión financiera correspondiente a 2016.

Pues bien: el delito migra a modalidades de asalto callejero conocidas como fleteo. En 2015 se presentaron 1.318 denuncias y a la conclusión del tercer trimestre de 2016 había 1.014 casos registrados. Pero aquí, nuevamente, aparece el subregistro. Las estadísticas en los medios indican que cada seis horas una persona es víctima de dicha modalidad. Pero muchos afectados optan por no denunciar basándose en que no ven posibilidades de recuperación y la pérdida de tiempo en trámites puede superar las cuatro horas en un despacho judicial.

¿De qué deriva que los ciudadanos, pese al riesgo, realicen operaciones en efectivo que en ocasiones pueden superar los 100 millones de pesos colombianos? Basándome en mi experiencia, creo que los clientes no confían en cheques u operaciones de banca electrónica y, además, quieren mitigar temas de impuestos, reducir trámites para el pago de proveedores y empleados, etc. En fin, varias circunstancias que llegan a encarecer las operaciones, como, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras. Estos retiros son tan críticos que la Policía Nacional ha tenido que implementar procedimientos de acompañamiento para los clientes que insisten en mover efectivo, si bien no siempre son solicitados a pesar del evidente peligro.

De la mano va la limitada logística de investigación que se le presta a los casos de montos bajos, que son la masa crítica y que, al sumar, dan un panorama preocupante, especialmente en productos como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y fraude mediante créditos. Otra tendencia es golpear a las pequeñas y medianas empresas, ya que, con un poco más de sofisticación, se pueden obtener mayores montos con menos intentos.

Riesgos financieros

La implantación del chip y el número de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) para todas las tarjetas de crédito y débito expedidas en el país que se definió en el año 2011 redujo sustancialmente el skimming –robo de información de tarjetas durante una transacción con el fin de reproducirlas o clonarlas para su posterior uso fraudulento–. Aun así, la banca reportó a la Superintendencia Financiera unas pérdidas de 122.000 millones de pesos colombianos en 2016.

Las áreas de fraude de las entidades financieras se ven limitadas en su actividad de investigación al no poder presentar caso a caso a las autoridades, bien porque el monto no es relevante, bien porque se desconoce a los responsables y su ubicación. Por lo general, están fuera de las fronteras. Y si a ello le sumamos los costes y riesgos legales que implica entablar una demanda con una posibilidad de éxito incierta, por no decir imposible, en la gran mayoría de los casos la decisión es limitarse a atender el reclamo del cliente, reportarlo a los reguladores y pagarlo si hay argumentos consistentes por parte del afectado. A modo de ejemplo, en 2016 se alcanzaron los 24.000 casos, de los cuales el 17 por ciento correspondió a reclamaciones de tarjetas de débito.

Otro tema que cobra auge es la presunta suplantación de personas. El año pasado se reportaron 28.004 casos a la Superintendencia Financiera, frente a los 19.111 de 2015, lo cual indica que el robo de información personal y la suplantación para la obtención de productos financieros se encuentra al alza.

Los productos financieros más expuestos son las tarjetas de débito y crédito a tenor de los altos volúmenes que se manejan en Colombia, cuya banca, sin llegar al nivel de países como EEUU, camina rápidamente en el sendero obligado que marca la economía global. Hoy en día, se estima que el 77,3 por ciento de los colombianos tiene algún producto financiero. Si hablamos de 80 millones de operaciones, entre compras y retiros con montos, que superan los 20.000 millones de pesos mensuales, el panorama de riesgo es alto.

Avances significativos

Sin duda, este es un escenario que hace que el riesgo vaya en aumento en proporción a lo que pasa globalmente. A mi entender, básicamente porque el nivel de cuidado de los usuarios y la claridad de sus responsabilidades contractuales con las entidades financieras no son como deberían ser. Cuando vemos cómo crecen los reclamos ante las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, se evidencian dos cosas: que el consumidor financiero está siendo afectado en mayor proporción a la que históricamente se conocía y que el regulador ha puesto mayor atención en su protección e impulsa cambios en las regulaciones para hacer más robustos los controles por parte de los bancos.

Pero –siempre hay un pero– las víctimas deben incrementar sus sistemas de autoprotección, pues en Internet las trampas para robar información y suplantar identidades son tan variadas como dinámicas, empezando por la más popular y exitosa: el phishing. A través de este método, la pesca resulta fácil para los ciberdelincuentes, quienes explotan las debilidades de los incautos que entregan las llaves de sus caudales sin darse cuenta. Al respecto, en Colombia se registran más de 185 denuncias al mes.

Por fortuna, Colombia ha avanzado en los últimos años gracias a la Policía Nacional, desarrollando el que, tal vez, es uno de los más destacados laboratorios de análisis para el cibercrimen a nivel mundial. Me refiero al Centro Cibernético Policial, reconocido por sus éxitos en la investigación de ciberdelitos, interceptación de datos informáticos, detección de uso de software malicioso, identificación de sitios web especializados en suplantación para capturar información personal, etc.

Igualmente, los jueces y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se han especializado para llevar de forma técnica estas complejas investigaciones y se han llevado a cabo importantes acuerdos de cooperación internacional para combatir el delito transnacional en todas sus modalidades.

Y otro paso importante en beneficio de las víctimas que mitigará el subregistro es el desarrollo de páginas web por parte de las autoridades, así como, en un futuro no lejano, aplicaciones que facilitarán formular denuncias virtuales relacionadas con delitos contra el patrimonio. En términos de tiempo y desplazamiento, harán más fácil la gestión, permitiendo incluso adjuntar imágenes y vídeos para lograr así que se incremente el registro de delitos y contribuir a que se identifique y condene a los responsables.

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