/ Segundo semestre 2025 42 Monográfico Infraestructuras críticas Panamá vive un momento decisivo, ya que su rol como hub logístico, financiero, marítimo y digital lo convierte en un país altamente interconectado, pero también vulnerable ante una creciente ola de amenazas físicas y cibernéticas. Los ataques digitales a instituciones públicas, las interrupciones de servicios esenciales y la sofisticación de grupos criminales transnacionales han dejado claro que el país requiere un marco jurídico robusto que proteja sus activos más importantes. Redacción / Fotos: Ministerio de Seguridad Pública y Getty Images. “En Panamá, la protección de infraestructuras críticas y la ciberdefensa no pueden seguir siendo asuntos dispersos” Asesor del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Panamá Carlos Antúnez Morales ¿Por qué es prioritaria una ley de infraestructuras críticas y ciberdefensa en Panamá? Panamá enfrenta un aumento sostenido de ciberataques que pueden afectar a puertos, banca, energía, logística, fronteras y comunicaciones; todos ellos pilares esenciales para la estabilidad nacional y económica. Una ley de ciberdefensa y una estrategia nacional permitirían definir competencias claras, fortalecer capacidades técnicas, coordinar a las instituciones, proteger infraestructuras críticas y asegurar la continuidad de los servicios esenciales. Sin este marco, el país permanece vulnerable, con respuestas fragmentadas y sin un sustento jurídico para actuar frente a amenazas avanzadas o ataques dirigidos de carácter estratégico. En un país que depende del flujo seguro y continuo de información, mercancías, dinero y energía, la falta de un marco jurídico claro ya no es un lujo; es un riesgo estratégico. ¿Cuáles son las principales fallas del marco normativo actual? Primero, no existe una definición legal de infraestructura crítica ni de servicios esenciales. Esto dificulta priorizar sectores y recursos y limita la planificación estatal. Segundo, las normas vigentes están dispersas en decretos, lineamientos administrativos o marcos sectoriales que no poseen fuerza legal suficiente ni mecanismos de cumplimiento obligatorios. La consecuencia es que cada institución implementa políticas según sus propias capacidades o criterios. Y tercero, la legislación existente no contempla un sistema nacional de protección de infraestructuras críticas con gobernanza, coordinación obligatoria, intercambio seguro de información ni protocolos estandarizados, como ocurre en otros países.
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