Segurilatam 003

82 Tercer cuatrimestre 2016 artículo técnico Asociaciones L a inseguridad hace crecer la ac- tividad en todo el mundo. De tal modo, un estudio realizado por la firma de investigación de mer- cado Freedonia Group indica que la de- manda global de servicios de seguri- dad privada experimentará un incre- mento anual del 6,6 por ciento, en el período 2014-2018, hasta alcanzar los 331.000 millones de dólares. Argentina no es una excepción: el mercado crece a ritmo sostenido y en 2015 llegó a los 755 millones de dólares. Ante este escenario de crecimiento, a los socios de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) nos preocupa que actualmente existan unas 20 legislaciones en el país, tan- tas como jurisdicciones provinciales. Algunas son leyes, otras normas y al- gunas disposiciones. Pero, en todos los casos, se trata de regulaciones atrasa- das e incompletas que desconocen la actividad y ponen en riesgo la viabi- lidad económica del sector, en parti- cular, y la seguridad, en general. Así lo manifesté tras la presentación de un proyecto de ley que persigue regu- lar la seguridad electrónica. El mismo consta de 91 artículos y ha sido elabo- rado contando con el asesoramiento externo del estudio Cassagne, uno de los más prestigiosos en labor legisla- tiva del país. Uniformidad regulatoria El eje de los desvelos corporativos para alcanzar una regulación adecuada se revela en la justificación que hice acerca de la importancia de que se sancione la ley. Ante más de 300 asis- tentes en el hotel Colón –entre au- toridades nacionales y provinciales, fuerzas de Seguridad, legisladores, re- presentantes de cámaras y empresa- rios del sector–, puse como ejemplo los que califiqué de servicios sensibles que hoy se ofrecen sin la adecuada le- gislación y control y que ponen en riesgo la vida de los seres humanos. “Si un individuo coloca 220 voltios en un cerco perimetral puede costar vidas. Si una persona adultera equipos de con- trol de acceso a establecimientos pú- blico-privados, o los mismos no se en- cuentran debidamente homologados y fiscalizados e ingresa mayor canti- dad de gente que la permitida, puede costar vidas. Y si alguien instala un servicio contra incendios deficiente con el fin de economizar gastos y una empresa se lo provee, puede costar vidas”, expliqué. Y añadí que si bien el objetivo del proyecto es la uniformidad regula- toria a nivel nacional, se trata de un proyecto de ley local, destinado a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No resulta constitucio- nalmente viable sancionar una regula- ción nacional integral que unifique la normativa en todo el país, pero sí pro- mover una ley de adhesión a la que, paulatinamente, se adhieran las pro- vincias. Claramente, la propuesta de CASEL va en la dirección de profesionalizar el sector y definir los tipos de riesgos y requisitos para cada tipo de obra o proyecto, además de ofrecer comple- mentación a los servicios de seguridad humana. Ampliando el concepto, esta- blecer un marco regulatorio eficiente no sólo es prioritario para nuestro sec- tor como actividad económica, es fun- damental para la seguridad pública en su conjunto. Una necesidad esencial La normativa tiene como intención co- laborar en el mejoramiento de los es- tándares de seguridad pública a través de una regulación más eficiente y ade- cuada a las necesidades actuales del sector, estableciendo requisitos técni- cos mínimos según el objetivo al que se presente el servicio y cuál sea el ser- vicio prestado. Sobre la actividad de la seguridad electrónica en Argentina, cabe des- tacar que creció un 250 por ciento en los últimos 10 años. Hoy emplea a más de 14.500 personas y, como he comentado al inicio del presente ar- tículo, factura 755 millones de dóla- res anualmente. En la década de los Daniel Banda Vicepresidente de CASEL La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la situación actual del sector Establecer un marco regulatorio eficiente no sólo es prioritario para el sector de la seguridad electrónica como actividad económica, es esencial para la seguridad pública en su conjunto