Ayer domingo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción ante el repunte de homicidios registrado en el país. La solicitud de aprobar dicha medida fue emitida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele con el objetivo de proteger la integridad física y moral de los ciudadanos.
“La situación que estamos viviendo en El Salvador no es un tema ideológico ni político, sino estructural, de raíz. Tampoco de un fin de semana. Es producto de años y años. Lograron que los grupos terroristas se establecieran, organizaran, tomaran territorio, poder, agarraran todo el músculo negativo que tienen hoy por hoy”, ha manifestado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Estado de excepción: ¿en qué consiste?
El artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador faculta al Gobierno a establecer el estado de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general. Y también cuando se producen graves perturbaciones al orden público.
A partir de ahora, las garantías constitucionales que quedan temporalmente suspendidas son la libertad de reunión y la inviolabilidad de la correspondencia. De igual manera, pueden suspenderse el derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos, y las razones de su captura, y la detención administrativa. Las excepciones, según la ley, son las reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos.
El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña tendrá una vigencia de 30 días. Transcurrido dicho periodo, la suspensión podría prolongarse por el mismo tiempo mediante un nuevo decreto.
Aumento alarmante de los homicidios
El día anterior a la aprobación del estado de excepción se registraron 62 homicidios en El Salvador. Ante ese incremento de la violencia, el presidente Bukele convocó al gabinete de Seguridad para definir acciones encaminadas a frenar la actividad delincuencial. Posteriormente, amparándose en el artículo 29 de la Constitución, se puso en contacto con la Asamblea Legislativa para decretar el régimen de excepción.
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