El deseo de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp) y Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume) no tardará en hacerse realidad. Los diputados del Congreso de la Unión han dado luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Privada que regulará los servicios de vigilancia, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Norma federal
Con 332 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley de Seguridad Privada de ámbito federal. Dicha adición señala que la norma deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el país.
Igualmente, la Ley de Seguridad Privada fijará las reglas de coordinación entre quienes estén autorizados a prestar servicios y las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios con el objetivo de garantizar su condición de auxiliares de la seguridad pública.
Y también la coordinación de las empresas de seguridad privada con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, así como los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias.
Ley consensuada
Según la diputada Aleida Alavez Ruiz, miembro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la Ley de Seguridad Privada ha tenido en cuenta las opiniones de especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y los legisladores de las bancadas representadas en la Cámara de Diputados.
En cuanto a la situación del sector, Alavez Ruiz precisó que en México existen en torno a 6.000 empresas de seguridad privada que dan empleo a unas 500.000 personas. “Sin embargo, más de 1.500 empresas no disponen de los permisos necesarios para ejercer su actividad y no cumplen con sus obligaciones tributarias o de prestaciones de seguridad social, trasladando dicho costo al Estado”, observó.
En definitiva, “con la Ley de Seguridad Privada se pretende homologar criterios, requisitos y mecanismos de control y vigilancia, así como evitar la aparición de empresas ilegales y espacios para la delincuencia”, indicó la diputada.
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