La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha desatado un amplio debate en México por la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y las críticas que alertan sobre el uso de la norma para espiar o censurar a la sociedad mexicana.
¿Qué es la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión?
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una reforma integral que regula el ecosistema de telecomunicaciones en México: Internet fijo y móvil, televisión abierta, radio, concesiones de espectro, infraestructura, satélites, interconexión y derechos de usuarios y audiencias. Y su objetivo principal es extender la conectividad a 15 millones de personas que actualmente no tienen acceso a Internet.
¿Qué novedades aporta esta nueva norma?
Entre las principales novedades de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión cabe destacar las siguientes:
- Desaparición del IFT y creación de la ATDT como regulador único.
- Transferencia de funciones antimonopolio a una nueva Comisión Nacional Antimonopolio bajo la Secretaría de Economía.
- Regulación del uso público, social y comercial del espectro radioeléctrico con licitaciones transparentes y acceso gratuito en espacios públicos.
- Restitución de derechos de audiencias: códigos de ética, defensorías y mecanismos de queja efectivos.
- Eliminación del controvertido artículo 109, que había generado gran controversia por permitir, según sus críticos, el bloqueo de plataformas digitales. Con esta supresión, el Gobierno busca despejar dudas sobre posibles medidas de censura.
- Y la nueva norma incluye sanciones más estrictas para los casos en los que se difunda propaganda extranjera con fines ideológicos o políticos. Las empresas responsables de este tipo de contenidos podrían enfrentarse a multas que oscilan entre el 2% y el 5% de sus ingresos anuales.
¿Esta ley facilitará que el Gobierno censure y espíe a los mexicanos?
Diversos colectivos de derechos humanos, así como miembros de la oposición, han expresado su preocupación por el contenido de la nueva ley. Temen que esta normativa otorgue al Gobierno un mayor control sobre los medios y las telecomunicaciones, facilitando prácticas de censura o incluso de vigilancia.
Uno de los puntos que más inquietud generó fue el artículo 109, ya eliminado, que permitía bloquear plataformas digitales. Además, la sustitución del IFT por la nueva ATDT ha despertado dudas sobre la independencia del nuevo organismo.
Del mismo modo, se ha cuestionado el posible acceso del Gobierno a datos personales a través de las operadoras de telefonía móvil, lo que, según los críticos, podría abrir la puerta a la vigilancia masiva.
ATDT: la nueva ley no se usará para censurar ni para espiar
En respuesta a las voces críticas, la ATDT ha aclarado que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no permite el espionaje ni la censura estatal. En este sentido, José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, ha señalado que la colaboración entre operadores y autoridades ya existía, y que se exige autorización judicial para interceptación, geolocalización o intervención. “La ley no permite intervenir ni geolocalizar un teléfono sin orden judicial”, ha observado.
Peña Merino explicó que la base de datos que podría contener información biométrica (como huellas dactilares o rasgos faciales) y la CURP –la Clave Única de Registro de Población, un identificador oficial que tiene cada ciudadano mexicano– no será de uso obligatorio ni generalizado.
Según el titular de la ATDT, esta base de datos sólo podrá utilizarse en casos específicos, como la búsqueda de personas desaparecidas, y siempre que exista una carpeta de investigación abierta. Con esta aclaración, el Gobierno pretende disipar temores sobre una posible vigilancia masiva o el uso indiscriminado de información personal.
Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha defendido la norma, subrayando que responde a la “mejor función del sistema de telecomunicaciones” y que el Gobierno “no espía ni censura”.
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