Puntos clave de la nueva Ley de Seguridad Municipal:
- La nueva Ley de Seguridad Municipal chilena reconoce y regula el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad pública, otorgando un marco legal y nuevas atribuciones a los equipos comunales.
- La norma autoriza actuaciones como detención en flagrancia, incautaciones y televigilancia, además de reforzar la coordinación con las policías.
- Asimismo, refuerza la protección de los inspectores con capacitación obligatoria, equipamiento certificado y agravantes penales ante agresiones.
- Y regula el uso de tecnologías como cámaras y drones, incorpora financiación estatal y contempla una aplicación progresiva para que las comunas puedan adaptar sus estructuras y capacidades a las nuevas exigencias.
Tras concluir su tramitación en el Tribunal Constitucional, la Ley de Seguridad Municipal ha sido promulgada en Chile para establecer un marco jurídico que fortalece el papel preventivo de los municipios, al tiempo que ordena y refuerza su coordinación con las fuerzas policiales del Estado. La norma delimita competencias, fija estándares de actuación y clarifica cómo los equipos comunales deben colaborar con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en tareas de apoyo y prevención del delito.
Nuevas competencias y marco jurídico
La Ley de Seguridad Municipal define con precisión las funciones de los equipos comunales. Entre ellas, contempla la posibilidad de actuar ante delitos flagrantes, realizar incautaciones de mercancías ilegales y desarrollar labores de televigilancia. Y también regula la colaboración operativa con las fuerzas policiales en patrullajes mixtos, controles de tránsito y apoyo en el cumplimiento de medidas cautelares, especialmente en casos de violencia intrafamiliar.
Además, por primera vez, los inspectores municipales cuentan con un reconocimiento legal específico, lo que les otorga respaldo administrativo en el ejercicio de sus funciones en el espacio público.
Protección, tecnología y recursos
De igual manera, la Ley de Seguridad Municipal introduce exigencias en materia de formación y obliga a los municipios a proporcionar equipamiento defensivo certificado a sus funcionarios. Asimismo, incorpora un agravante penal para quienes agredan a inspectores durante el desempeño de sus tareas.
En el ámbito tecnológico, la norma fija estándares para el uso de cámaras, drones y otros sistemas de vigilancia con el objetivo de compatibilizar la eficacia operativa con la protección de los datos personales.
La ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial y su aplicación será progresiva para facilitar a las comunas adaptar sus estructuras y capacidades a las nuevas exigencias.
Archivado en:
