Tras la victoria electoral de Javier Milei y La Libertad Avanza, el pasado 26 de octubre, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha manifestado que una de las prioridades del Gobierno es la reforma del Código Penal argentino, un proyecto que pretende actualizar una normativa con más de un siglo de vigencia. Según el Ejecutivo, se trata de una revisión integral destinada a endurecer las penas, modernizar el sistema judicial y reforzar la protección de las víctimas frente a los delincuentes.
Tolerancia cero frente al delito
El proyecto de reforma del Código Penal argentino parte de una premisa central: instaurar una doctrina de tolerancia cero frente al delito. Entre las modificaciones más destacadas figura:
- El aumento generalizado de las penas, especialmente para los homicidios, que pasarían de un máximo de 25 a 30 años en los casos simples y a prisión perpetua en los agravados.
- También se amplía la lista de víctimas consideradas especialmente vulnerables, como docentes, menores y ancianos.
- Además, se incorporan la Ley Antimafias y la Ley Antibarras con el objetivo de combatir las organizaciones criminales y la violencia en espectáculos deportivos, respectivamente.
- Y el texto propuesto agrava las sanciones por robo, hurto y portación ilegal de armas, delitos que, según el Gobierno, constituyen el 85% de los hechos denunciados en los centros urbanos.
En este sentido, robar un teléfono móvil, una cartera o una mochila podría implicar penas de hasta doce años de prisión. Y la portación de armas de fuego o blancas sin permiso dejaría de ser excarcelable.
Delitos que no prescriben y lucha contra la corrupción
Del mismo modo, la reforma del Código Penal argentino contempla que los delitos más graves no prescriban. Así, homicidios agravados, abusos sexuales, trata de personas, terrorismo y narcotráfico podrían ser perseguidos de por vida, sin posibilidad de prescripción.
Igualmente, se ha propuesto un endurecimiento de las penas por corrupción, especialmente cuando los responsables sean altos cargos del Estado, incluidos el presidente, el vicepresidente, ministros o jueces.
Un sistema judicial más rápido y eficaz
La propuesta también incluye un sistema acusatorio con el propósito de acelerar los procesos judiciales y reducir los tiempos de sentencia. Asimismo, se prevé que el 82% de los delitos conlleve prisión efectiva, eliminando la posibilidad de condenas condicionales en la mayoría de los casos.
Por último, la reforma aborda la cuestión de la imputabilidad penal: se propone reducir la edad mínima a 13 años con el argumento de evitar que el narcotráfico utilice a menores como intermediarios.
Con esta reforma del Código Penal argentino, Milei y Bullrich buscan instaurar una nueva doctrina penal basada en el orden, la responsabilidad y el cumplimiento efectivo de las condenas. El Gobierno sostiene que sólo mediante este endurecimiento legal será posible recuperar la seguridad y restablecer el principio según el cual el que las hace, las paga.
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