Hasta 2024, la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada contribuirá a reforzar, junto a la Guardia Nacional, la protección de casetas de cobro de la red de carreteras y autopistas de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Además, el sector privado de la seguridad coadyuvará a proteger áreas de descanso, servicios púbicos y médicos, campamentos de conservación y oficinas administrativas del citado organismo público, así como del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y del Grupo Triada.
Más de 1.200 elementos de seguridad privada
A través del documento de solicitud de contratación, Capufe señala que con los servicios de vigilancia y seguridad privada se pretende salvaguardar el patrimonio institucional, los trabajadores y los usuarios. Y también mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y los equipos del organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México.
Concretamente, Capufe ha solicitado que más de 1.200 elementos de seguridad privada y 35 vehículos estén presentes en 215 puntos de su red. Y que refuercen la vigilancia de los mismos durante las 24 horas del día.
Solicitan prisión para quienes tomen casetas
Según datos aportados por la Guardia Nacional al Senado de la República, en 2020 se registraron cerca de 7.000 tomas de casetas de cobro en la red viaria del país por parte de grupos de manifestantes. Ello provocó que el cuerpo de seguridad pública interviniese para dispersar a los participantes de las tomas mediante el diálogo y el despliegue de efectivos.
En el caso de quienes deseen lucrase con la toma de casetas, podrían ser castigados con hasta siete años de prisión. Para dicho fin, el pasado mes de diciembre el Senado aprobó reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación. Y a final de año, Marcela Guerra, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reformas al artículo 19 constitucional para incluir el cierre de vías de comunicación terrestre en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se estima que la pérdida por la toma de casetas asciende a 7.000 millones de pesos.
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