El Gobierno de Uruguay destinará más recursos para reforzar la seguridad pública a través del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que será remitido al Parlamento mañana martes. La iniciativa contempla una reasignación de fondos del Presupuesto Nacional para incrementar el número de efectivos policiales, ampliar la flota de vehículos de patrullaje e incorporar nuevas tecnologías destinadas a mejorar las tareas de prevención y control del delito.
Más policías y nuevos recursos para el patrullaje
El ministro del Interior, Carlos Negro, informó sobre las principales medidas tras el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi. Entre las actuaciones previstas figura la creación de 300 nuevos cargos policiales que se concentrarán, principalmente, en Montevideo y el área metropolitana con el objetivo de aumentar la presencia de agentes en los barrios con mayor actividad delictiva.
Asimismo, el Ministerio del Interior adquirirá automóviles y motocicletas para reforzar el patrullaje en todo el país. Estas inversiones forman parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, orientado a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas policiales.
Incorporación de tecnología y vehículos blindados
De igual manera, el plan también prevé la incorporación de equipos de biometría, tótems de vigilancia y autogestión, además de nuevas comisarías móviles para ampliar la cobertura policial.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa pondrá a disposición de la Policía hasta 12 vehículos blindados con distintas prestaciones que serán utilizados en operativos en las zonas con mayores índices de violencia. Según explicó Carlos Negro, estos vehículos estarán conducidos por personal policial debidamente capacitado y, en casos excepcionales, por funcionarios militares en comisión de servicio.
Tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa subrayaron que esta medida no implica una militarización de la seguridad pública, sino una estrategia para proteger a los agentes desplegados en los entornos más complejos y optimizar el uso de los recursos del Estado. La decisión fue aprobada por el presidente Yamandú Orsi y refrendada por el Consejo de Ministros.
Archivado en:
