El Gobierno de Uruguay ha puesto en marcha un ambicioso proceso de planificación a largo plazo para fortalecer la seguridad ciudadana: el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio del Interior bajo la conducción de Carlos Negro, refleja el compromiso del país con un enfoque integral, participativo y sostenido en el tiempo para afrontar los desafíos en materia de seguridad.
Y, como parte de esta estrategia, se han lanzado los Encuentros por Seguridad, espacios de diálogo que buscan articular la colaboración entre actores sociales, institucionales y políticos.
¿Cuál es el objetivo del Plan Nacional de Seguridad Pública?
Según Negro, el Plan Nacional de Seguridad Pública representa “un cambio en cómo se deben encarar las políticas de seguridad desde el Estado”. El objetivo no es sólo diseñar acciones concretas, sino construir una visión nacional compartida que trascienda partidos políticos y ciclos gubernamentales. “Queremos un modelo uruguayo en políticas de seguridad pública. No para un gobierno o para un partido, para todo el país”, ha afirmado el ministro.
El plan se centrará en continuar y profundizar las líneas estratégicas que se definieron al inicio del actual mandato: la reducción de homicidios, la lucha contra la violencia, el control efectivo de armas y una reforma penitenciaria estructural. “La seguridad no es solamente un tema policial”, ha subrayado Negro, quien ha remarcado que si bien el Plan Nacional de Seguridad Pública está liderado por el Ejecutivo, “la seguridad es un compromiso de todos”. Bajo su punto de vista, se trata de aprovechar la oportunidad para “construir juntos la solución que la gente necesita”.
¿Qué son los Encuentros por Seguridad?
Los Encuentros por Seguridad constituyen el núcleo del proceso participativo del plan. Estas instancias de consulta y trabajo colectivo reúnen a partidos políticos con representación parlamentaria, organismos de los tres poderes del Estado, gobiernos subnacionales, representantes del mundo académico, expertos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, sindicatos y empresas privadas.
El proceso cuenta, además, con el respaldo de un Consejo Internacional de Observación y Cooperación integrado por seis organismos internacionales. Este consejo tiene la función de ofrecer asesoramiento técnico, garantizar estándares de calidad, aportar visibilidad internacional y facilitar el acceso a recursos para implementar iniciativas derivadas del plan.
Emiliano Rojido, asesor del Gobierno en Seguridad Pública, ha definido el espíritu del plan al afirmar que “la seguridad pública es cuidar a la gente: proteger su integridad personal, su dignidad, su libertad y su propiedad”. Y ha manifestado que construir un país más seguro exige una visión a largo plazo, seriedad institucional y compromiso colectivo. “Es una necesidad urgente, pero también una oportunidad. Es lo que nos motiva. Es hacia donde vamos”, ha declarado Rojido.
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