Ante la Asamblea General, Yamandú Orsi afirmó que Uruguay ha sido “asediado por el crimen organizado”, con altos niveles de violencia y un sistema penitenciario desbordado. En ese contexto, el presidente defendió una estrategia basada en “enfrentar el problema sin negar la realidad, pero sin caer en atajos que no funcionan”, apostando por más presencia policial, innovación tecnológica y reformas estructurales para fortalecer la seguridad pública.
El mandatario subrayó que la respuesta del Estado debe ser integral y sostenida en el tiempo, con coordinación interinstitucional y políticas que trasciendan los ciclos electorales. “El miedo no se combate con gritos, sino con Estado, inteligencia y profesionalismo”, aseguró.
Incremento de efectivos policiales
Uno de los ejes centrales del plan es el refuerzo de la plantilla policial. Yamandú Orsi informó de la incorporación, antes de que finalice el año, de 1.700 funcionarios: 1.200 efectivos en proceso de cobertura de vacantes y 500 nuevos cargos destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La meta, según indicó, es alcanzar cuanto antes los 2.000 nuevos efectivos comprometidos.
Además, se ha reorganizado el despliegue territorial para garantizar “más policías en la calle donde se los necesite”, reforzando especialmente las zonas con mayores índices de criminalidad. El acuerdo alcanzado con los sindicatos policiales contempla mejoras salariales y refuerzo en la atención a la salud mental, con la creación de una Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial.
Incorporación de tecnología
La modernización tecnológica constituye otro pilar del plan presentado por Yamandú Orsi. El Ejecutivo superó el objetivo de instalar 20.000 cámaras de videovigilancia en todo el país. Actualmente, hay dispositivos que integran pórticos, lectores de matrículas, drones, radares móviles y una red interconectada para tareas de prevención e investigación.
Cárceles de máxima seguridad y reforma penitenciaria
En materia penitenciaria, el Gobierno anunció la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad destinadas a personas imputadas o condenadas por delitos de alto riesgo. Estos centros contarán con estrictos controles y tecnología avanzada.
Asimismo, se inició la transformación del INR junto con una Campaña Nacional de Alfabetización y un Plan Nacional de Educación en cárceles. Con estas medidas, el Ejecutivo uruguayo busca combinar firmeza frente al delito con oportunidades reales de rehabilitación y reinserción social.
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