Eset Latinoamérica ha presentado un preocupante balance sobre la evolución de los ciberataques en el primer semestre de 2025. A través de casos reales, el informe identifica a los sectores de Gobierno y salud como los más atacados por cibercriminales, especialmente por su acceso a información confidencial y sistemas críticos.
En este sentido, diversos países de la región han enfrentado incidentes graves durante la primera mitad del año. En Brasil, el Tribunal Supremo Federal detectó más de 750 millones de intentos de ciberataques en solo tres meses. En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social sufrió el robo de más de 37.000 documentos personales, mientras que la Dirección Nacional de Aviación Civil fue atacada con fines políticos.
Paraguay vivió una de las mayores brechas de datos de su historia, con información de más de 7,2 millones de ciudadanos comprometida. En Argentina, correos falsos suplantando a lo que era la Agencia de Recaudación y Control Aduanero intentaron infectar dispositivos con troyanos bancarios como Grandoreiro. Por su parte, un ransomware paralizó durante 48 horas a un Gobierno regional en Chile.
El sector salud, blanco de ciberataques dirigidos
El otro gran foco del cibercrimen fue la industria sanitaria. En Argentina, un hackeo a Informe Médico expuso más de 665.000 estudios clínicos, incluyendo imágenes, análisis de laboratorio e información de pacientes.
Y en Perú, el hospital pediátrico de referencia nacional fue atacado con el ransomware Nightspire, que aseguró tener 30 gigas de datos robados.
Un llamado a la acción
Desde Eset han concluido que, si bien los sectores público y sanitario fueron los más golpeados, el cibercrimen también impacta otras industrias, como manufactura, educación o infraestructuras críticas. Para la compañía, la ciberseguridad debe entenderse como un pilar esencial, no como un gasto opcional.
La situación vivida en Latinoamérica durante este primer semestre de 2025 muestra que los ciberataques son cada vez más frecuentes, sofisticados y dirigidos, lo que exige una respuesta regional basada en la anticipación, la inversión tecnológica y la cooperación entre actores públicos y privados.
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