A grandes rasgos, ¿cuál es la opinión de ASEVA sobre la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿Qué supone la entrada en vigor de esta norma para el sector?
Para la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transportes de Valores, la Ley de Seguridad Privada es un hito histórico. Por primera vez en Chile se está reconociendo la labor que realizan los guardias y vigilantes privados con una regulación robusta que define claramente el rol de la industria y sienta las bases para mejorar sustancialmente la coordinación con las policías.
Según Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, la nueva Ley de Seguridad Privada es el resultado de “un trabajo detallado y riguroso”. En ese trabajo, ¿cuáles han sido las aportaciones de ASEVA al desarrollo de la norma?
Durante el proceso de discusión en el Parlamento, pero principalmente en el Senado, tuvimos un rol activo y pudimos plantear los puntos que, a nuestro juicio, son los más importantes a considerar, sobre todo la profesionalización de la industria con componentes mejor preparados y equipados. También destacamos la necesidad de mejorar la coordinación con las policías y ahora la ley reconoce la labor de coadyuvantes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones (PDI) y de las autoridades.
En países como Colombia o Perú existen Superintendencias de Seguridad Privada. Aprovechando la aprobación de la nueva ley, ¿debería haberse creado una Superintendencia de Seguridad Privada en Chile para apoyar y regular el sector?
En la tramitación del proyecto insistimos en varias instancias acerca de la importancia de que se incorporara la creación de una Superintendencia. Lamentamos que no se haya acogido nuestra solicitud y la seguridad privada dependa del futuro Ministerio de Seguridad Pública. Un organismo como este hubiese permitido regular de mejor manera esta actividad, tan demandada por la ciudadanía.
Creemos que se deja en un segundo plano la profesionalización de un área vital para la protección del polo comercial e industrial de nuestro país y la seguridad de la mayoría de los recintos de alta afluencia de público, residencias y condominios.
La nueva ley actualiza los requisitos de personas naturales y jurídicas que vayan a realizar actividades de seguridad privada. ¿En ASEVA están conformes con dichos requisitos?
Consideramos que es un avance para tener una industria más profesional y que permita que quienes contraten estos servicios tengan un respaldo de que la empresa cumplirá con las expectativas que tienen respecto a la protección de sus bienes y recintos.
Relacionada con la pregunta anterior, la ley actualiza los procesos de certificación y las capacitaciones de los guardias y vigilantes del sector. Y contempla el uso de cámaras corporales en los supuestos en que enfrenten un riesgo alto durante la prestación del servicio. ¿Qué valoración realizan desde ASEVA de estas novedades?
Los procesos de certificación de los componentes de seguridad privada mejoran sustancialmente. La nueva ley traspasa de Carabineros a la Subsecretaría de Prevención del Delito la entrega de las credenciales y deja en las personas la responsabilidad de mantener su certificación vigente. Las capacitaciones ahora serán distintas, dependiendo del nivel de riesgo al que se exponga el personal; de esta forma, tendremos guardias especializados, por ejemplo, en eventos masivos como conciertos o partidos de fútbol y otros en el resguardo, por ejemplo, de centros comerciales.
Efectivamente, una novedad es la incorporación de las cámaras corporales a los servicios que presenten mayor riesgo. Los videos servirán de prueba cuando los guardias o vigilantes sean agredidos o deban defenderse si son atacados durante el cumplimiento de sus funciones.
El hecho de que la ley contemple ampliar los criterios para establecer las entidades obligadas a contar con seguridad privada dependiendo de su actividad, entorno de funcionamiento, valor de sus bienes, etc., ¿beneficiará al sector? ¿En ASEVA prevén una mayor demanda y contratación de servicios a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley?
La demanda de servicios de seguridad privada viene aumentando cerca de un 15% cada año y con las nuevas definiciones que plantea la ley, creemos que ese porcentaje crecerá. En Chile, la seguridad privada está presente, por ejemplo, en ocho de cada 10 comercios, en condominios residenciales y también en lugares de atención al público como oficinas gubernamentales, entre otros lugares.
Mientras el número de entidades obligadas crezca, la demanda también lo hará y requerirá servicios cada vez más especializados para resolver necesidades específicas. La nueva normativa, una vez que esté en régimen, va en la línea correcta en este aspecto.
Para finalizar, otro aspecto a tener en cuenta de la nueva ley es que promueve el rol preventivo de la seguridad privada y su papel como colaborador de la seguridad pública. ¿En ASEVA están satisfechos de ese rol colaborador? ¿O debería potenciarse?
Después de casi 15 años de tramitación, por fin la ley de seguridad privada fue aprobada y agradecemos al Gobierno y al Senado haberla impulsado como una prioridad legislativa en 2023 dentro de la agenda de seguridad. Sin duda, la ley releva y le da un lugar importante a la seguridad privada en su rol de brindar protección a las personas y resguardar recintos específicos.
A partir de ahora se nos reconoce como un coadyuvante activo de Carabineros y de la PDI, lo que permitirá, una vez que la ley esté totalmente implementada, ser un colaborador activo en la prevención de los delitos. Sin embargo, creemos que es necesario una institucionalidad, como un macrosistema de seguridad, para fortalecer este rol colaborativo y así coordinar acciones efectivas que permitan frenar el aumento de los delitos y mejorar la sensación de seguridad de las personas.
