El 26 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Seguridad Privada en Colombia. ¿Qué representa esta conmemoración para FedeSeguridad y cómo contribuye a visibilizar su labor en el país?
Ante todo, el Día Nacional de la Seguridad Privada es una ocasión para reconocer y valorar a los más de 380.000 guardas que diariamente contribuyen a la tranquilidad del país. Ellos están presentes en los espacios donde vivimos, trabajamos, estudiamos y compartimos. Y son, en muchos casos, el primer rostro y la primera voz que recibimos, son personas que orientan, generan confianza y ayudan a preservar condiciones seguras, siempre dentro del marco de sus funciones legalmente establecidas.
Pero esta conmemoración también nos invita a reflexionar sobre la evolución del sector. La seguridad privada en Colombia ha avanzado en profesionalización, transformación tecnológica y fortalecimiento de los estándares de servicio. Ese progreso hoy abre nuevos retos como retener el talento, atraer a nuevas generaciones y fortalecer habilidades como la comunicación y el servicio al cliente para seguir consolidando esta labor como una profesión con propósito y proyección en el mundo actual.
En esa dirección, visibilizar la labor del guarda es fundamental, no sólo para que la sociedad reconozca su valor, sino también para que cada trabajador sea consciente del impacto positivo que genera en la vida cotidiana de miles de personas y la importancia que representa su función. Esto, a su vez, nos invita a reflexionar sobre la formación y el desarrollo que debemos seguir fortaleciendo para que esta labor continúe evolucionando y consolidándose como una profesión con futuro.
En los últimos años, en opinión de FedeSeguridad, ¿qué avances destacados se han registrado en el ámbito de la seguridad privada en Colombia?
En los últimos años, el sector ha evolucionado de un modelo centrado únicamente en la vigilancia hacia un servicio integral de mitigación de riesgos. Hoy, la seguridad privada articula talento humano con competencias más amplias, tecnología, protocolos de prevención, etc., lo que permite responder a las necesidades actuales de los usuarios. Esta evolución ha venido acompañada de avances regulatorios y técnicos que han contribuido a proteger la sostenibilidad de las empresas y la estabilidad del empleo formal en el sector.
Un punto importante fue cuando la reducción de la jornada laboral quedó definida de manera gradual hasta 2026, lo que ha permitido una transición ordenada, mitigando impactos abruptos en la operación y contribuyendo a preservar el empleo formal.
Sin duda, uno de los avances más significativos ha sido la actualización de la tarifa mínima de los servicios de vigilancia tras la entrada en vigencia de la Reforma Laboral. Contar con una tarifa regulada que reconoce los nuevos costos laborales ha sido determinante para proteger la sostenibilidad de las empresas y el empleo formal.
En el caso del transporte de valores, en 2022 se aclaró el tratamiento del IVA, resolviendo la confusión que existía sobre si este servicio debía ser considerado como transporte o como vigilancia. Esta definición permitió unificar el criterio tributario y mantener la base gravable especial sobre el AIU, evitando incrementos desproporcionados en los costos y garantizando la viabilidad de un servicio esencial para la logística del efectivo en el país.
Finalmente, la creación del Índice de Costos del Transporte de Valores (ICTDV) representó un avance para el sector al convertirse en la primera herramienta técnica y confiable en la región que permite medir semestralmente la evolución real de los costos del servicio de transporte de valores.
A corto y medio plazo, ¿cuáles considera FedeSeguridad que son los tres principales retos que afronta el sector de la seguridad privada en Colombia?
En el corto y mediano plazo, el sector enfrenta tres retos principales. El primero tiene que ver con la disminución de la demanda del servicio de vigilancia y seguridad privada tras la entrada en vigencia de la Reforma Laboral. Desde su discusión advertimos que era una reforma regresiva para un mercado laboral que ha cambiado y que su aplicación implicaría presiones significativas en sectores intensivos en mano de obra como este.
La tarifa mínima aumentará un 13,7% hasta julio de 2027, lo que representa un desafío para usuarios y empresas, ya que este es un servicio en el que el costo influye directamente en las decisiones de contratación. Esto puede traducirse en una reducción de la demanda y en una mayor sustitución del componente humano por soluciones tecnológicas. El llamado a los usuarios es a asumir este ajuste manteniendo la contratación con empresas formales y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para las empresas, el reto es sostener la operación dentro del marco legal y preservar los cerca de 400.000 empleos formales que genera el sector, garantizando estabilidad, protección social y continuidad en la prestación del servicio.
“El sector de la seguridad privada colombiano ha avanzado en profesionalización, transformación tecnológica y fortalecimiento de los estándares de servicio”
El segundo reto es modernizar el diseño y la capacidad institucional de la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control. Hoy, la Superintendencia opera con procesos manuales, trámites extensos y baja trazabilidad, lo que genera demoras en certificaciones y autorizaciones básicas, afectando la continuidad operativa de las empresas y la prestación efectiva del servicio.
En la práctica, esto implica que el Estado no está cumpliendo plenamente con los principios constitucionales de la función administrativa, cuyo deber es garantizar celeridad, eficacia y orientación al ciudadano, ni con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que promueven una separación clara entre las funciones de regulación, autorización, supervisión y sanción, para contar con un control más técnico y eficiente. Por esto, la apuesta no es únicamente digitalizar y agilizar trámites, sino revisar la arquitectura institucional de la entidad para contar con un control acorde con las necesidades actuales del sector.
El tercer reto está relacionado con la actualización del marco normativo que regula el sector. El Decreto-Ley 356 de 1994 fue diseñado en un contexto de alta inseguridad y violencia política, por lo que estableció reglas de acceso al mercado orientadas a garantizar un control estricto sobre quiénes podían prestar servicios de vigilancia y seguridad privada. Por dar un ejemplo, en ese momento exigir que las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada se constituyeran como sociedades de responsabilidad limitada permitía conocer de manera directa la identidad de los socios y su participación, lo que funcionaba como mecanismo de trazabilidad y mitigación de riesgos.
Treinta años después, el contexto es distinto. Hoy existen herramientas más avanzadas, como el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y sistemas de debida diligencia, que permiten identificar y monitorear a los propietarios reales de las compañías. En este escenario, mantener requisitos como la obligación de operar exclusivamente bajo sociedades de responsabilidad limitada ha perdido sentido y se ha convertido en una barrera que limita la inversión, la entrada de nuevas capacidades y el crecimiento del sector. Modernizar el Estatuto no significa flexibilizar el control, sino alinearlo con la realidad actual.
¿Cómo valora la relación de FedeSeguridad con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada? ¿Qué aspectos cree que podrían fortalecerse?
La relación con la Superintendencia ha sido abierta y basada en el diálogo institucional. Hemos encontrado disposición para trabajar de manera conjunta y avanzar en temas relevantes para el sector, como la actualización de la tarifa mínima, la reglamentación de la Ley Lorenzo y la resolución de trámites específicos que eran necesarios para garantizar la continuidad operativa de las empresas.
Es importante reconocer que la entidad enfrenta desafíos estructurales que requieren atención, asociados a la acumulación histórica de trámites y a la necesidad de actualizar sus sistemas de gestión. Su labor se desarrolla, además, en un contexto que demanda atender de manera simultánea lo urgente y lo estructural. En este escenario, la comunicación permanente ha sido fundamental para encontrar soluciones puntuales y sostener una agenda de trabajo coordinada.
De cara al futuro, el desafío está en fortalecer y modernizar el diseño institucional de la inspección, vigilancia y control, de manera que el Estado ejerza esta función como un servicio público orientado al ciudadano, con procesos más ágiles, transparentes y eficientes.
En un contexto en el que las infraestructuras críticas y los servicios esenciales (agua, comunicaciones, energía, salud, transporte, etc.) han ganado protagonismo, ¿qué papel juega hoy la seguridad privada en la protección de las infraestructuras críticas de Colombia?
Hoy, la seguridad privada cumple un papel esencial en la protección de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales del país. Su labor no se limita a la vigilancia o al control de accesos, sino que constituye un servicio integral de mitigación de riesgos que contribuye a proteger y garantizar la continuidad operativa de subestaciones y centros de distribución eléctrica, plantas de tratamiento de agua y sistemas de acueducto, aeropuertos y terminales de transporte, hospitales, centros comerciales, zonas francas, etc.
Mientras el Estado orienta su misión a la seguridad ciudadana y a la protección del orden público frente a amenazas de mayor escala, la seguridad privada aporta presencia permanente, conocimiento técnico de los entornos operativos y protocolos preventivos que reducen riesgos y evitan interrupciones en los servicios esenciales.
En un contexto de desafíos en materia de seguridad física, la cooperación público-privada adquiere mayor relevancia. En este sentido, la seguridad privada se consolida como un pilar para asegurar orden, estabilidad y continuidad en la infraestructura que sostiene al país, aportando valor directo al funcionamiento de la economía.
