En el sector energético mexicano recaen, notoriamente, los servicios esenciales del país. Es decir, las actividades primarias, secundarias y terciarias destinadas a la producción, transportación y comercialización de productos y servicios energéticos. El sector está dividido en dos grandes grupos: el relacionado con la energía eléctrica y el concerniente al petróleo, el carbón y el gas. Asimismo, estos grupos dependen de los recursos energéticos de un país, que difieren según la abundancia y variedad de los recursos naturales disponibles.
Los recursos energéticos más explotados a nivel mundial son el petróleo, el gas natural y el carbón. También existen diversos tipos de productos energéticos generados y manejados a través de distintas infraestructuras, como el combustible o la electricidad, que utilizan instalaciones físicas para su obtención, distribución y almacenamiento.
Historia del sector
Al consumarse la independencia de México, en 1821, se trasladó la propiedad de la riqueza del subsuelo al naciente gobierno mexicano. Esta propiedad y dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo prevaleció a lo largo del siglo XIX hasta que, en 1884, el gobierno del general Porfirio Díaz promulgó el Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dio pie al traslado a particulares de los derechos sobre el subsuelo.
En 1892 se profundizó la privatización del sector energético mexicano, cuando el mismo general Díaz promulgó el Código Minero de la República Mexicana, que establecía que solo el dueño del suelo explotaría libremente los combustibles minerales siempre y cuando cubriese el impuesto sobre propiedades federales. Posteriormente, en 1901 se expidió la primera Ley del Petróleo, que permitió otorgar permisos a empresas y particulares para explotar terrenos que eran propiedad de la nación.
El presidente Abelardo L. Rodríguez, quien gobernó el país entre noviembre de 1932 y noviembre de 1934, creó la Compañía Petróleos de México, S.A. (Petromex), una empresa con participación del gobierno y de inversionistas privados, con el fin de abastecer la demanda nacional a precios más accesibles para los mexicanos. También envió al congreso una iniciativa para la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Después, surgieron cambios radicales durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, quien promulgó la expropiación petrolera y, con duras políticas, obligó a las empresas extranjeras del sector eléctrico a vender sus activos para dar vida a las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE.
Los capítulos más trascendentes de la historia moderna del sector energético mexiano se dieron durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto al promulgarse la Reforma Energética. Esta brindó a la inversión extrajera la oportunidad de explotar y comercializar los recursos nacionales en aras de crear un mercado más competitivo en beneficio de los usuarios finales, que estábamos atados a las altas tarifas y al funesto servicio de las empresas del Estado, que se degradaba cada día por factores como las colosales estructuras organizacionales, las demandas sindicales excesivas y los actos de corrupción desmedida.
Es prioritario que las infraestructuras críticas del sector energético mexicano estén alertas y refuercen sus medidas de protección
Reforma Energética
La Reforma Energética está sustentada en una visión de largo plazo, en la cual se prevé el crecimiento de la demanda energética del 30% al 50% en los próximos 35 años. Se advierte que tecnologías emergentes, como los automóviles eléctricos o dispositivos y productos del Internet de las Cosas (IoT), se sumarán a la demanda de electricidad en las ciudades, al igual que el número de consumidores sensibles al cuidado del planeta, y, por lo tanto, la importancia de las energías limpias irá en aumento. Lo anterior hace indispensable la renovación del sector energético mexicano para su funcionamiento eficiente.
La Reforma Energética aportó una visión de modernidad y la posibilidad de tener jugadores de talla internacional. Los primeros beneficios fueron tangibles y grandes inversiones llegaron al país, creando importantes fuentes de empleo. Esto, de acuerdo con Bloomberg, colocó en 2018 a México como el mercado emergente más atractivo para la inversión extranjera. Además, el país ocupó el noveno puesto en la atracción de la inversión en energía renovable, con metas claras en energías limpias y una demanda creciente prevista en el 2,9% anual hasta 2031. El gobierno anterior dejó marcado un camino favorable para el futuro energético del país con compromisos en inversiones de miles de millones de dólares.
Sin embargo, el cambio radical de las políticas energéticas del nuevo gobierno, así como la cancelación de inversiones y proyectos de la IP, han mandado un mensaje muy claro y absurdo a los inversionistas extranjeros: “aléjense”. Como dato importante al respecto, cabe señalar que el resultado de poner en pausa las subastas del sector eléctrico implica para México dejar de recibir 8.200 millones de dólares para 2024. Esto significa que los recursos naturales permanecerán ahí hasta que se cuente con el capital y la capacidad para explotarlos.
Contexto y ley
La Ley de Seguridad Nacional atribuye el carácter de amenaza a la seguridad nacional a “todos los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
En la práctica, toda vez que no existe una definición de lo que es y lo que no es una “infraestructura de carácter estratégico”, ni tampoco se cuenta con un organismo responsable de proteger estos emplazamientos, no podemos conocer exactamente cuáles son esas infraestructuras a las que se refiere la ley. Históricamente, las infraestructuras del Estado (Pemex y CFE) han sido custodiadas por las fuerzas armadas (Sedena y Semar). Sin embargo, a día de hoy esa actividad ha disminuido a niveles comprometedores por las políticas de austeridad republicanas.
Por otro lado, las infraestructuras privadas del sector energético mexicano no cuentan con ese beneficio, por lo que deben desarrollar por su cuenta esquemas de protección, puesto que, lamentablemente, este fue un punto que la Reforma Energética no contempló. Así pues, la protección de infraestructuras del sector privado por parte del Gobierno solo se limita a atender emergencias de manera reactiva.
El sector energético mexicano cuenta con miles de instalaciones y activos desplegados en tierra y mar adentro de los que, en gran medida, depende el desarrollo nacional. Pero, en la actualidad, se desconoce si algunos de los organismos gubernamentales que regulan o lideran este sector promueven, a través del liderazgo obligatorio, estrategias, políticas o normas de protección de estas instalaciones para salvaguardar los activos y las infraestructuras del sector privado. Al hablar de organismos gubernamentales me refiero a la Secretaría de Energía (Sener), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Pemex o CFE.
En este sentido, tampoco se conocen acciones por parte de la Sedena, la Semar o la Guardia Nacional, por lo que deben ser los propietarios o concesionarios de estas infraestructuras los responsables de diseñar y operar sus estrategias de protección.
Un mal mensaje
Desde 2009 se comenzó a registrar un incremento de los actos vandálicos, así como del robo de combustibles (huachicol) o componentes de ciertos activos críticos, inclusive mar adentro. Han existido también, como un riesgo latente, los actos de subversión e incluso se han registrado ataques y toma de instalaciones, sobre todo de Pemex y la CFE.
Por otra parte, en los últimos 14 meses el incremento de la inseguridad ha sido notorio. A nivel gubernamental, los presupuestos en las áreas de seguridad física han sido severamente castigados, por lo que muchos sistemas se encuentran sin mantenimiento y hasta fuera de servicio. Esto, aunado a la pérdida de espacios por parte del Gobierno, resulta preocupante.
Los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador de “amnistía” y “abrazos, no balazos” para los delincuentes han empoderado a grandes organizaciones criminales que hoy, ante la creciente impunidad, ven la oportunidad de generar ganancias y están adecuando sus estrategias e intensificando las embestidas a instalaciones públicas y privadas de este y otros sectores.
Para proteger las instalaciones se proponen los principios básicos de la protección perimetral: disuasión, detección y retraso
Máximo riesgo
Aunque México no es un país que esté en guerra, la violencia y la desobediencia civil se han incrementado, por lo que es prioritario que las infraestructuras críticas del sector energético mexicano estén alertas y refuercen sus medidas de protección. Los nuevos desafíos a los que el país se enfrenta nos obligan a replantearnos las estrategias de protección, en el entendido de que los sistemas y las herramientas que hemos venido utilizando hasta el momento ya son obsoletas. Y más cuando sabemos que, ante una emergencia real, la probabilidad de contar con una reacción inmediata por parte del Estado es baja, por lo cual lo único que nos queda es reforzar nuestros sistemas y estrategias de protección institucional.
Protección perimetral
En este orden de ideas, se propone continuar con los principios básicos de la estrategia de protección perimetral: disuasión, detección y retraso, poniendo énfasis en una detección temprana de mayor alcance que nos permita identificar los riesgos con mayor anticipación.
Y también contar con barreras físicas de protección perimetral altamente disuasivas, que tengan efectos sobre la psique de los atacantes, y niveles de resistencia superiores, no solo para tolerar factores degenerativos derivados de la exposición al sol, la lluvia, la humedad o la corrosión, sino también resistentes a los ataques con herramientas o impactos de vehículos.
Las empresas del sector energético mexicano requieren muchas veces emplazar activos e infraestructuras en lugares inhóspitos y regiones donde la presencia de las organizaciones de seguridad gubernamental es mínima. Y en los que, en caso de algún suceso no deseable, la respuesta podría tardar un tiempo considerable en llegar. Es por ello que se precisa dotar a los guardias de seguridad de espacios seguros, inclusive con resistencia balística, para atender las tareas de vigilancia con un nivel de protección superior.
Conclusiones
La vigilancia redoblada recientemente a la refinería Antonio M. Amor de Pemex en Salamanca (Guanajuato) por parte de la Sedena, ante una amenaza de atentado por parte de un grupo criminal, es una bandera roja que anuncia los complejos escenarios que pudieran experimentarse en un corto plazo en el contexto en que vivimos. Las afrentas que grupos criminales han llevado a cabo contra el Estado en los estados de Ciudad de México, Culiacán, el citado Guanajuato y Michoacán deben hacer reflexionar a los responsables de la protección de estas instalaciones sobre los niveles de protección y las estrategias requeridas hoy.
La energía es un insumo presente en todos los sectores de la economía y del gobierno, además de ser un pilar de la seguridad humana. Por lo tanto, debiera considerarse y atenderse como tema de interés nacional. Su permanencia como sistema de soporte al desarrollo nacional, considerando todas las interdependencias críticas que mantiene, está intrínsecamente ligado a las decisiones del Gobierno que, al no considerar las perspectivas estratégicas globales en los mercados de las energías limpias, el petróleo y el gas, pone en riesgo, sin duda, la continuidad del sector energético mexicano.
