La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) ha respaldado el compromiso manifestado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisar los esquemas laborales bajo los que operan los guardias de seguridad privada. En algunos casos, estos últimos trabajan en turnos 24×24 (un día completo de trabajo y otro de descanso) que son incompatibles con la legislación laboral vigente.
Además, la asociación confía en que el Ejecutivo avance en la corrección de prácticas de contratación pública que contravienen el marco legal en materia de jornadas laborales. En este sentido, ha señalado que los gobiernos municipales, estatales y federal deben dejar de licitar servicios de seguridad privada con turnos 24×24 con el fin de:
- Garantizar el respeto a la jornada máxima de 48 horas semanales establecida en la Ley Federal del Trabajo.
- Evitar distorsiones en el mercado.
- Contribuir al ordenamiento integral del sector.
Efectos que deben ser revisados para no perjudicar al sector de la seguridad privada
Al respecto, desde AMESP observan que la situación actual genera, al menos, tres efectos que deben ser revisados:
- En primer lugar, coloca a las empresas de seguridad privada ante la disyuntiva de cumplir con la legislación laboral y perder contratos públicos o acceder a licitaciones reproduciendo esquemas que vulneran el marco jurídico y los derechos de los trabajadores.
- Asimismo, envía una señal confusa y contradictoria al mercado formal, debilitando el principio de legalidad cuya observancia busca fortalecer el propio Estado.
- Fomenta condiciones de competencia desleal en detrimento de las empresas que invierten en la profesionalización del sector, el cumplimiento de la ley, la seguridad social y el respeto a las jornadas laborales legales.
Por todo ello, desde AMESP recuerdan que el sector de la seguridad privada es estratégico, complementario a la seguridad pública, intensivo en mano de obra y con una elevada responsabilidad social. Por ello, su fortalecimiento no puede depender únicamente de los mecanismos de inspección si al mismo tiempo subsisten prácticas de contratación pública que resultan contrarias al marco legal.
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