El Senado de México ha aprobado expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, una norma que, según el dictamen, dotará al país de un marco institucional robusto para generar inteligencia criminal, proteger garantías individuales y fortalecer el Estado de derecho.
Nuevas herramientas y organismos de inteligencia
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública habilita el acceso directo, sin necesidad de orden judicial previa, a registros personales biométricos, fiscales, bancarios, vehiculares y de telecomunicaciones tanto públicos como privados. Esta integración se articulará en torno a una Plataforma Central de Inteligencia bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), generando productos analíticos que fortalecerán las investigaciones del Ministerio Público.
Asimismo, la normativa contempla una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de coordinar tecnología, análisis criminal y colaboración interinstitucional. Y también instituye un Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública como órgano rector estratégico.
Con el objetivo de fomentar la sincronización entre la Federación, los estados y los municipios, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública se articula con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es propiciar la interoperabilidad, responder coordinadamente y prevenir los delitos de forma proactiva.
Protección de derechos y reacciones políticas y sociales
Esta nueva norma ha salido adelante con el apoyo de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano objetaron su alcance. Ricardo Anaya (PAN) la ha calificado como “último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”, en tanto que el PRI ha alertado sobre la creación de un Estado policial-militar. Por su parte, desde Morena han argumentado que se ha reforzado la seguridad sin menoscabar derechos.
Con esta Ley, el Estado mexicano se dota de una capacidad tecnológica y organizativa avanzada para combatir delitos de alto impacto mediante inteligencia criminal. Se prevé que mejore la integración de pruebas para el Ministerio Público, agilice procesos de investigación y reduzca lagunas en la persecución del delito. Pero voces críticas advierten que su entrada en vigor se traducirá en riesgos potenciales relacionados con la vigilancia masiva y la protección de datos personales.
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