Chile atraviesa la crisis de seguridad más compleja de las últimas décadas. Homicidios más violentos, expansión del crimen organizado, secuestros, extorsiones y una creciente sensación de inseguridad han modificado profundamente la vida cotidiana de millones de personas. La preocupación ciudadana se ha transformado en una de las principales demandas hacia el Estado y, en consecuencia, el debate público se ha concentrado en las herramientas tradicionales para enfrentar el fenómeno: más policías, mejores leyes, mayores facultades investigativas, fortalecimiento de la inteligencia y ampliación de la capacidad penitenciaria.
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Dimensión comunicacional, material y simbólica
Todas esas medidas son necesarias. Pero existe una dimensión de la seguridad que rara vez ocupa un lugar relevante en la discusión y cuya importancia podría ser mucho mayor de lo que solemos reconocer: la dimensión comunicacional.
Cuando hablamos de seguridad, tendemos a pensar exclusivamente en hechos concretos y verificables: delitos cometidos, detenidos, condenas o estadísticas. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la seguridad es también un fenómeno perceptivo. Las personas no solo reaccionan frente a los delitos que ocurren, sino también frente a lo que creen que ocurre, a lo que escuchan, observan y perciben respecto de la capacidad del Estado para controlar la amenaza criminal. En otras palabras, la seguridad posee una dimensión material y una dimensión simbólica.
El crimen organizado parece comprender esta realidad con notable claridad. Sus acciones no buscan únicamente obtener beneficios económicos mediante actividades ilícitas. También persiguen proyectar poder. Un secuestro difundido masivamente, una amenaza viralizada en redes sociales o un homicidio particularmente brutal generan un efecto que trasciende a las víctimas directas. El verdadero objetivo es instalar un mensaje: somos capaces de hacerlo. La comunicación se transforma así en una herramienta de dominación.
Reconstruir la confianza pública
Mientras las organizaciones criminales parecen comprender perfectamente el valor estratégico del relato, el Estado suele concentrar sus esfuerzos únicamente en la dimensión operativa del problema. Y allí surge una pregunta incómoda: ¿es posible ganar la batalla contra el crimen si se pierde la batalla contra el miedo? La experiencia comparada sugiere que no.
Países que enfrentaron fenómenos de violencia mucho más graves que los observados actualmente en Chile comprendieron que recuperar la seguridad exigía algo más que reducir indicadores delictuales. Exigía también reconstruir la confianza pública.
Colombia constituye probablemente uno de los ejemplos más ilustrativos. Durante décadas de violencia asociada al narcotráfico y a grupos armados, las autoridades entendieron que la recuperación del control territorial debía ir acompañada de una estrategia comunicacional capaz de transmitir capacidad institucional, presencia del Estado y resultados concretos.
Lo mismo ocurrió en diversas ciudades europeas tras las olas de terrorismo que marcaron los primeros años del siglo XXI. Informar era una obligación democrática, pero hacerlo de manera responsable y contextualizada también era una herramienta para evitar que el miedo terminara produciendo más daño que la propia amenaza. Chile parece encontrarse hoy frente a un desafío similar.
Cobertura de seguridad
Por supuesto, nadie podría sostener seriamente que la solución pasa por ocultar delitos o limitar la libertad de prensa. Esa sería una discusión equivocada. El desafío no consiste en definir qué se informa, sino en reflexionar sobre cómo se informa.
La cobertura de seguridad en nuestro país suele privilegiar el hecho aislado. Un homicidio, una encerrona o un secuestro ocupan extensos espacios informativos, pero con frecuencia carecen del contexto necesario para comprender tendencias, respuestas institucionales o resultados investigativos. La consecuencia es que el ciudadano recibe una sucesión permanente de hechos violentos, muchas veces desconectados entre sí, que terminan configurando una percepción de descontrol generalizado.
A ello se suma un fenómeno que podría denominarse la serialización del delito. Un mismo hecho es repetido durante horas o incluso días en distintos programas, horarios y plataformas. Lo que objetivamente corresponde a un único evento termina adquiriendo una presencia desproporcionada en la percepción colectiva. Pero quizás el fenómeno más relevante sea otro.
Comunicación de seguridad: más estratégica e integral
Durante décadas, en distintos círculos policiales y criminales circuló una idea que pocos se atrevían a desafiar. Existía la convicción de que quien atentara contra la vida de un funcionario de la Policía de Investigaciones enfrentaría consecuencias inevitables y que, tarde o temprano, sería encontrado. Más allá de la precisión histórica o factual de esos relatos, lo importante era el efecto que producían. Aquella creencia funcionaba como un poderoso elemento disuasivo. No era una ley especial. No era una campaña comunicacional. Era una narrativa instalada que proyectaba una imagen de capacidad, determinación y control institucional.
Lo interesante de este ejemplo es que demuestra que las personas —incluidos los delincuentes— no toman decisiones únicamente en función de los riesgos reales, sino también de los riesgos percibidos. La comunicación, por tanto, tiene la capacidad de influir directamente sobre la conducta humana. Si una narrativa puede desalentar conductas criminales al transmitir fortaleza institucional, también puede generar el efecto contrario cuando instala la percepción de que el Estado ha perdido el control de la situación.
Por esa razón resulta indispensable avanzar hacia una comunicación de seguridad más estratégica e integral. Esto implica contextualizar los hechos delictuales, incorporar información sobre las medidas adoptadas para enfrentarlos, otorgar mayor visibilidad a los éxitos investigativos y policiales, y equilibrar la cobertura entre los problemas existentes y las capacidades que el Estado despliega para resolverlos.
Reducir la criminalidad y recuperar la confianza
Resulta llamativo observar cómo muchas veces la comisión de un delito recibe horas de cobertura continua, mientras que la desarticulación de la organización responsable ocupa apenas algunos minutos. El resultado es una ciudadanía que conoce perfectamente la amenaza, pero que muchas veces desconoce la respuesta. Ninguna sociedad puede construir confianza colectiva sobre la base del miedo permanente. La ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad de la delincuencia y las amenazas que enfrenta. Pero también tiene derecho a saber que existen instituciones actuando, investigaciones exitosas, bandas desarticuladas y capacidades crecientes para enfrentar el fenómeno criminal.
La seguridad pública seguirá dependiendo de policías eficaces, fiscales competentes, inteligencia criminal moderna y decisiones políticas acertadas. Pero en el siglo XXI eso ya no es suficiente. Porque el crimen organizado no solo disputa territorios, mercados ilícitos o espacios de poder. También disputa percepciones. Busca instalar miedo, sensación de impunidad y pérdida de control. Y cuando logra que una sociedad se convenza de que el Estado ha sido derrotado, obtiene una victoria que va mucho más allá de cualquier delito individual.
Chile enfrenta hoy dos desafíos inseparables: reducir la criminalidad y recuperar la confianza. Uno se libra en las calles. El otro se libra en la mente de las personas. Ambos son fundamentales. Porque la seguridad no sólo se construye con patrullas, investigaciones y tribunales. También se construye con información, confianza y credibilidad. La seguridad se combate en las calles. Pero también se combate en las pantallas.
