Coincidiendo con el sexto aniversario de la creación de dicha fuerza, el Senado mexicano ha dado luz verde a la Ley de la Guardia Nacional, con la que se consolida su traspaso a la estructura militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta norma introduce responsabilidades y controles inéditos, redefiniendo el rol de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.
La Ley de la Guardia Nacional establece que la institución pasará a depender completamente de la Sedena, tanto en su estructura operativa como administrativa. Y el mando estratégico recaerá en un general de División en activo designado por el presidente de la nación a propuesta del titular de esa secretaría. De esta forma, se sustituye el mando civil original por una jerarquía militar sólida.
Novedades de la Ley de la Guardia Nacional
La nueva legislación faculta a la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones y geolocalización de personas, siempre con autorización judicial. Además, podrá intercambiar información con el Centro Nacional de Inteligencia y el Consejo Nacional de Seguridad, reforzando así las capacidades de investigación e inteligencia en el combate a la delincuencia.
Otro punto destacado de la Ley de la Guardia Nacional es que sus elementos podrán solicitar licencias especiales para participar en procesos electorales, incluyendo cargos legislativos. Esta disposición amplía el margen político del personal castrense.
Asimismo, la norma incorpora enmiendas a varias leyes secundarias, incluidos los códigos militares y el régimen de ascensos y recompensas, e integra a los elementos de la Guardia Nacional bajo el fuero militar para faltas internas, mientras que el servicio civil seguirá siendo investigado bajo fuero federal.
En definitiva, con la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, entre otras iniciativas legislativas, se consumará la primera fase de la Estratega Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Y la norma marcará un cambio significativo en la concepción original de este cuerpo, que pasa de ser una fuerza civil con formación policial a integrar formalmente el mando militar de la Sedena. Con nuevas atribuciones en inteligencia y facultades político-electorales, la ley ha generado un debate profundo sobre la militarización de la seguridad pública en México.
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